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Borda habló sobre las reformas como parte de la estrategia que debería impulsar el gobierno de Santiago Peña para aumentar el crecimiento económico y la productividad de mediano y largo plazo, atendiendo que considera que el aumento del producto interno bruto (PIB) en un 3,8%, previsto para este año por el Banco Central del Paraguay (BCP), no se traducirá en un mayor bienestar de la mayoría de la población por su escaso efecto de derrame en la generación de empleo y la distribución del ingreso.
A criterio del exministro, con los últimos acontecimientos el gobierno y el sector oficialista de la ANR o Partido Colorado deberían cambiar de estrategia y dar un golpe de timón a la conducción del país para cumplir la promesa de “estar mejor”.
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“Yo planteo las reformas de mediano plazo sin postergar las reformas en estudio. Estas últimas son las más urgentes y ya diseñadas por el gobierno anterior con la cooperación multilateral” dijo Borda.
Los cuatro proyectos urgentes
Estos proyectos de leyes, añadió, son cuatro: el proyecto que crea la superintendencia de jubilaciones y pensiones, que ya es ley, pero necesita celeridad en su implementación; el de organización administrativa del Estado que tiene media sanción, cuyo objetivo consistía en ordenar y evitar superposiciones de funciones de 17 ministerios y 19 secretarías de Estado para ganar eficiencia y cortar gastos. “Entiendo que tales objetivos no están en el actual proyecto de ley aprobado por el Senado”, indicó.
Además, el proyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil recientemente presentado por el gobierno, que dijo no fue discutido aún en el Congreso; y el proyecto de la reforma de la Caja Fiscal, que es alta prioridad por el déficit operativo que registra de US$ 160 millones anuales, financiado con los impuestos pagados por los contribuyentes, que cree se presentaría este mes.
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“La tarea pendiente corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, que debería abrirse al diálogo, audiencias públicas y negociar estos proyectos con los sectores afectados para construir consenso y no simplemente destacar en términos tecnocráticos sus ventajas y abusar de la mayoría parlamentaria para imponer las nuevas leyes”, dijo Borda.
La imposición genera crispación
Señaló que la imposición genera crispaciones y degrada la calidad de la democracia. “Ahí está, la ley, y su decreto de hambre cero que desembocó en la reacción estudiantil que sigue alerta ante los compromisos del gobierno de financiar a todos los programas afectados por la derogación de Fonacide. Veremos si cumplen”, expresó.
Dejó en claro que las referidas cuatro reformas urgentes y heredadas del gobierno anterior no tendrían el impacto esperado en la economía y en la eficiencia del sector público por la vía de la imposición y la soberbia.
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El exministro insistió en que el gabinete de ministros y el Equipo Económico deberían trabajar intensamente no solo en resolver los problemas de las reformas urgentes anunciadas, sino también abocarse a diseñar y convencer de los requisitos para aumentar el crecimiento económico y la productividad de mediano y largo plazo.
“El responsable del Ministerio de Economía y Finanzas había prometido que con las fusiones de dos secretarías de Estado; Secretaría Técnica de Planificación y de la Función Pública, se ocuparían de los temas de mediano y largo plazo. Supongo que nos harán saber la estrategia diseñada este primer año de gobierno”, indicó.
Condiciones para aumentar el PIB
Borda dijo que existen cuatro condiciones para aumentar el PIB per cápita: primera, el Estado debe financiar las inversiones en infraestructura básica para transportar insumos, y productos y, financiar el capital humano para tener una fuerza laboral calificada y motivada; segunda, es atraer las inversiones extranjeras directas y domésticas para generar empleo; estas inversiones privadas requieren seguridad jurídica, institucionalidad de los organismos del Estado y cumplimiento de las normas jurídicas y convenios internacionales.
La tercera condición, consiste en ofrecer estabilidad política y social para que las empresas no tengan interrupciones y, por último, la estabilidad macroeconómica y financiera de la economía doméstica.
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“Desafortunadamente los episodios políticos que observamos van de contramano, en estos primeros 8 meses del gobierno para lograr el aumento de la productividad durante este quinquenio (2023-2028)”, reiteró.
A su criterio, el objetivo de mediano y largo plazo significa diálogo y concertación de todos los sectores para acordar la misma hoja de ruta para lograr el desarrollo económico, reduciendo la pobreza y la desigualdad. La soberbia, la imposición de la mayoría parlamentaria y las actitudes autoritarias no contribuyen con el objetivo señalado. Y no lograremos aumentar el PIB per cápita ni mejorar la prosperidad compartida”, refirió el exministro de Hacienda (hoy Ministerio de Economía).