Solo en 10% de las intervenciones, la Fiscalía incautó equipos de criptominería

De las más de 60 intervenciones a criptominerías ilegales que la ANDE realizó con apoyo del Ministerio Público, solo en el 10% de los casos se incautaron los procesadores, lo que alienta a que los ladrones de energía eléctrica se muden con sus equipos para realizar la misma actividad de forma irregular, aseguró el asesor jurídico, Nelson Medina.

En la criptominería intervenida en Guarambaré se incautaron los equipos que se utilizaban para operar de forma ilegal.
En la criptominería intervenida en Guarambaré se incautaron los equipos que se utilizaban para operar de forma ilegal.

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A la fecha, la ANDE tiene más de 60 intervenciones realizadas a criptominerías ilegales, con la participación del Ministerio Público y los juzgados de garantías, pero solo en el 10% de los casos se incautaron los procesadores y transformadores que eran utilizados de forma irregular, reveló el asesor jurídico de la empresa estatal de electricidad, Nelson Medina.

“Nosotros realizamos con el Ministerio Público las intervenciones, allanamientos inclusive en algunos casos, y encontramos los equipos utilizados por estas personas que sustraen la energía eléctrica, como procesadores en abundancia y transformadores. Y ¿Dónde radica el éxito del proceso judicial? En la incautación”, aseguró.

Nelson Medina, asesor jurídico de la ANDE.
Nelson Medina, asesor jurídico de la ANDE.

Sin embargo, mencionó que si no se incautan esos equipos, se alienta a los ladrones de energía eléctrica a que migren y vayan a realizar la misma actividad en otro lugar. En tanto que cuando son incautados los procesadores, esto ayuda a que estas personas indiciadas o sospechadas de los robos, se acerquen a la ANDE a buscar una solución y se regularicen.

Esta inquietud le manifestó recientemente el presidente de la ANDE, Félix Sosa, al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien se comprometió a apoyar a la empresa de energía eléctrica estatal, según informaron.

¿Pero por qué no siempre se incauta? “Ese es el drama. La clave está en la incautación, y no siempre ocurre. Muchas veces hemos intervenido y el fiscal se niega rotundamente a la incautación. ¿Entonces qué ocurre? En las siguientes horas, ellos alzan eso en un container y van y buscan otros lugares, otros sitios donde se instalan y vuelven a cometer el mismo hecho punible. En consecuencia, en una apretada síntesis, si no se produce la incautación, estamos propiciando a que se vuelva a repetir ese mismo hecho punible. Ya lo tenemos comprobado”, detalló.

Contó que del total de las intervenciones que realizaron, apenas en un 10% de los casos se incautaron los equipos. “Esa es la preocupación nuestra. No comprendemos por qué (no se incautan) porque en la mayoría de los casos nosotros encontramos la comisión del hecho ponible en flagrancia. Está demostrado que ellos accedían a la energía eléctrica de una manera clandestina a través de conductores no autorizados y ahí se configura el delito precisamente de la sustracción de energía eléctrica”, manifestó Medina.

Mencionó que en algunos casos se llegó al ámbito judicial, en otros casos incluso hay condenas. “Una amalgama de situaciones que se dan como corolario al trabajo que la ANDE desarrolla en el combate a esa situación”, dijo.

Tres funcionarios de ANDE son investigados

Sobre la criptominería que se encontró en la sede central de la ANDE en marzo del 2021, el asesor jurídico recordó que se hizo la denuncia como corresponde ante el Ministerio Público. “Estamos hablando de un pequeño procesador cuya producción es casi ínfima, nula. Dejamos en mano del Ministerio Público, que incautó una procesadora y nos la ha devuelto hoy día; prácticamente no tiene elementos como para sustentar una acusación, pero la investigación sigue en el marco de ese proceso”, indicó.

Tres funcionarios que pertenecían a la unidad donde se encontró la mini criptominería y donde fue incautado el equipo procesador, son los que están siendo investigado. “Estamos aguardando y respetamos mucho el trabajo del Ministerio Público ya que nosotros como víctimas, y en función de lo que dice el Código Procesal Penal, no podemos asumir el rol de querellantes. Es el Ministerio Público el que representa a las instituciones del Estado y confiamos plenamente en el marco investigativo y en las conclusiones que hará”, aseveró.

Acerca del rumor de que altos gerentes de la ANDE estarían realizando criptominería de forma irregular en el departamento Central, específicamente en Limpio, el asesor jurídico de la empresa estatal negó de forma categórica tener algún conocimiento de esa situación. “Hasta me animaría a decir que no se ajusta a la verdad. Conozco la integridad acá de mis compañeros, de los funcionarios con quienes convivimos; desconozco de dónde surge esa versión. Lo que sí te puedo asegurar es que definitivamente ante cualquier indicio de la comisión de ese hecho punible nosotros intervenimos”, declaró.

Dos grandes golpes a mineras de criptomonedas que operaban de forma ilegal

Como parte de las acciones realizadas por la ANDE para combatir las conexiones irregulares de la criptominería que afectan la calidad del servicio de energía eléctrica, el pasado viernes 15 de marzo se intervino con el acompañamiento del Ministerio Público al suministro identificado con el número de NIS 2760978, ubicado sobre la ruta que une las ciudades de Villeta con Guarambaré, en el barrio Rincón de Guarambaré por una conexión directa en Media Tensión.

Dicho establecimiento se dedicaba a la producción de criptomonedas con un total de 723 equipos procesadores constatados en el lugar.

Con el acompañamiento del agente fiscal de la Unidad Penal N°2 de Villeta, Viviana Llano y presencia del personal policial, se procedió al allanamiento e incautación de tres transformadores de diferentes potencias, totalizando 5.400 kVA, y todos los equipos encontrados en el lugar que servirán como prueba, los cuales fueron retirados y depositados para resguardo y custodia, a solicitud del fiscal interviniente.

Cinco días después, el 20 de marzo, ANDE intervino otra “granja” ilegal de criptomonedas, en Quiindy, donde más de 700 procesadoras consumían más energía eléctrica que todo el resto de la ciudad.

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