Cargando...
Como resultado de una tercera indagación, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular es Agustín Encina, resolvió inhabilitar por ocho meses a la proveedora del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del billetaje electrónico. La decisión se oficializó vía Resolución N° 424/24 del 13 de febrero pasado. Se trata del consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representado por Ángela Marien Ocampos Ortega, que fue contratado en 2019 para la instalación del CCM, el “cerebro” del cobro electrónico, valuado en US$ 3,9 millones.
Las dos anteriores indagaciones de la DNCP fueron en el marco de una investigación de oficio y una verificación contractual, que ya entonces reportaron incumplimiento de contrato. Ahora, en esta tercera verificación del contrato y su ejecución, se decidió sancionar al citado consorcio, al que se le adjudicó mediante licitación pública nacional (ID 368.264) los trabajos en el CCM y está integrado por la Empresa Ejecutiva de Inversiones Plan Sociedad Anónima (representada por Rogelio Franco Dávalos) y V SAT SA (José Tomás Insfrán Rivarola). Esta última firma fue salpicada en el caso “tapabocas de oro”, investigación que estuvo a cargo del entonces fiscal Osmar Legal.
Lea más: Contraloría indaga sobre centro de monitoreo del billetaje
Conforme a los antecedentes, la firma V SAT fue investigada tras ser salpicada por mantener vínculos con Omar Jaén Bohórquez, empresario de largo historial de supuestos negociados y hasta pagos de coimas en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
Viceministro de transporte, “juez y parte”
El informe de la DNCP especifica que el llamado y la firma del contrato fue en 2019 y estuvo a cargo del entonces viceministro Pedro Britos, quien fue reemplazado por Víctor Sánchez en abril de 2021.
Al momento de la firma del contrato, Sánchez era el profesional contratado por el consorcio ETC para garantizar el cumplimiento del contrato, conforme a las especificaciones técnicas. La DNCP no detectó ningún documento de notificación sobre la desvinculación de Sánchez o su reemplazo.
Impacto al pasajero
Además de que el Estado pagó con dinero de los contribuyentes por bienes que no se terminaron de proveer, lo cual en sí es una pérdida económica, el incumplimiento del contrato derivó en que hoy el Viceministerio de Transporte (VMT) no cuente con la tecnología necesaria para el control de frecuencias de buses en tiempo real, lo cual es un perjuicio para los pasajeros al no poderse realizar auditorías del nivel del servicio de los transportistas.
De esta manera, el Estado sigue sin contar con la tecnología para el control y sanción a transportistas infractores.
