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El nuevo proyecto de Ley de la Función Pública y la Carrera de Servicio Civil establece específicamente en el artículo 13, disposiciones para contratación de asesores, prohibiendo la contratación de parientes, esto ante la ola de críticas que surgieron sobre los nepobabies que vienen copando el Congreso desde hace un tiempo, con salarios siderales y con casi nada de experiencia.
El citado artículo establece que los funcionarios públicos que ocupen los puestos de conducción política, como los senadores y diputados, sólo podrán nombrar hasta tres asesores dentro de su ámbito de organización administrativa y que los mismos deberán contar con al menos cinco años de experiencia profesional efectiva en la materia.
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Entre los casos denunciados públicamente y que causaron indignación en la ciudadanía fue la contratación como asesores a parientes de legisladores sin la mínima experiencia como Elías Godoy, hijo de la diputada Roya Torres, de tan solo 19 años que con título de bachiller estaba percibiendo un salario de G. 9.500.000.
Uno de los primeros casos en saltó a la luz fue la contratación de Alejandro Ovelar, hijo del titular del Senado, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), como asesor en la Cámara de Diputados. Incluso hay una denuncia penal por nepotismo sobre este caso específico.
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Además de los legisladores, esta prohibición de contratar parientes se extiende a gobernadores, intendentes, ministros, embajadores, cónsules, ministros de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General, Procurador y otros
El artículo 13 establece específicamente que estas designaciones, de asesores, no pueden recaer en el cónyuge, concubino o parientes, comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de los funcionarios que presten servicios en la misma institución, ni de quienes ejerzan puestos de conducción política en cualquier otra institución pública.
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Entrarán sin concurso
Pese a las prohibiciones establecidas, los asesores no estarán sujetos a un concurso para ingresar en la función pública, y solo bastará comprobar los 5 años de “experiencia” en el campo, lo que abre nuevamente puertas al ingreso de gente allegada, a los amigos y simpatizantes políticos.
No obstante quienes ocupen estos puestos considerados de confianza quedarán automáticamente desvinculados de la función pública, una vez que la autoridad que los vinculó cesa en sus funciones, sin derecho a indemnización ni reparación alguna, sin perjuicio de poder ser cesados o desvinculados por los procedimientos administrativos previstos en la normativa nacional vigente.
En el artículo 6° por su parte cita también a los funcionarios en cargos de decisión y/o que fueron electos por decisión popular los cuales no se encuentran alcanzados por esta ley y por lo tanto tampoco ingresan por concurso como el presidente de la República, el vicepresidente, legisladores, intendentes, gobernadores, ministros, embajadores y cónsules, Fiscal General, Procurador, Ministros de la Corte Suprema, presidentes y directores de entes descentralizados, entre otros.
Para los demás cargos, el artículo 59° del nuevo proyecto de Ley de servicio civil establece que deberán obligatoriamente entrar por concursos públicos, ya sea para a) cubrir vacantes de niveles y grados iniciales, b) cuando se trate de nuevos cargos asignados a instituciones públicas o dependencias de reciente creación y cuando se haya declarado desierto el concurso interno.
Ingresaron más de 8.000 funcionarios en tres meses
Economistas y analistas opinan que urge un ordenamiento en la función pública en cuanto a los criterios de selección por concurso, como también de las asignaciones salariales ya que las viejas prácticas, pese a los discursos de austeridad, siguen vigente. Por un lado sacan gente, pero ingresan a otros afines a sus partidos.
Un reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE) en base al resultado de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) reveló que poco más de 8.000 asalariados se incorporaron en la función pública entre octubre, noviembre y diciembre del último año.
El reporte oficial revela que, al cierre del cuarto trimestre de 2023 figuran como asalariados de la función pública 277.831 funcionarios, superior a los 269.594 que figuraban en el tercer trimestre del mismo año y también superior a los 269.212 que figuraban como empleados en el mismo trimestre del año 2022. Los funcionarios públicos representan el 19% del total de asalariados del país, según estos datos.
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Más atribuciones para MEF
De acuerdo con lo establecido en la nueva redacción del proyecto de servicio civil, el Ministerio de Economía y Finanzas será la autoridad de aplicación para las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo y, en general, será la autoridad de aplicación en materia de política de remuneraciones de todas aquellas instituciones incluidas en el Presupuesto de la Nación, como también tendrá a su cargo la supervisión de los contratos colectivos.
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Se espera que a vuelta del receso parlamentario, que tendrá lugar esta semana, el proyecto ya tenga tratamiento en las comisiones para su estudio y análisis, ya que es prioridad del Ejecutivo en cuanto a los planes de reformas, según había indicado el titular del MEF Carlos Fernández Valdovinos.