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Desde hace varias semanas las falencias del servicio de transporte público se están sintiendo más en Asunción y ciudades vecinas, lo cual pone en evidencia que nuevamente los dueños de las unidades no las están sacando con la frecuencia debida a las calles.
Los usuarios deben tener más paciencia e incluso ingeniarse para hacer que la espera sea más llevadera, según pudo captar un equipo periodístico de nuestro diario durante un recorrido por algunos sitios estratégicos de la capital del país, principalmente en la avenida Mariscal López.
En algunas paradas se pudo observar mucha gente que aguardaba la llegada de la unidad del transporte que debía llevarla hasta sus hogares luego de la jornada laboral.
Una ciudadana identificada como Rossana Díaz indicó que el servicio de ómnibus debería mejorar considerablemente para el bienestar de los pasajeros.
Y uno de los usuarios se quejó del valor del boleto. “El precio del pasaje es muy caro. Dos pasajes a G. 3.500 es mucho y por lo menos debería bajar G. 1.000″, indicó, para que el impacto en su salario no sea tan fuerte.
Ya la semana pasada los usuarios se quejaban de las penurias que debían pasar debido a la demora de la llegada de los ómnibus para poder abordarlos.
En esa ocasión, el viceministro de Transporte, Guido Benza, coincidía con lo que los ciudadanos decían y afirmó que el sistema de autobuses “está sentido” y que recibieron denuncias sobre la baja frecuencia de salida de los ómnibus de sus terminales o estacionamientos.
La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) es una agrupación conformada por usuarios y líderes juveniles que reclaman desde hace meses que mejore el servicio, especialmente la frecuencia de salida de los ómnibus, y pese a ello todo sigue igual. Incluso ya hicieron manifestaciones frente al MOPC.
Entre las empresas de transporte que según sus usuarios deben mejorar la prestación, algunas reciben subsidio del Estado por el precio del pasaje. Es así que entre los años 2020 y 2023 el pago realizado casi se quintuplicó.
El año pasado el Gobierno les transfirió US$ 46 millones; en 2020 fue de 10 millones de dólares.