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El paquete incluye un crédito de US$ 300 millones que está en etapa de aprobación en el Congreso, para calzar el presupuesto; y dos por US$ 290 millones con contratos ya firmados para la ANDE.
Además, seis empréstitos por US$ 450,3 millones con decretos autorizando el inicio de las gestiones ante los organismos financieros internacionales, para su aplicación en diversas áreas como salud, educación, infraestructura vial, ambiente, entre otros.
Hasta diciembre del año pasado se tenía en carpeta préstamos en gestión por US$ 980,3 millones, a lo que en estos dos primeros meses del presente ejercicio se sumó un crédito en gestión por US$ 60 millones, totalizando de este modo US$ 1.040,3 millones actualmente.
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Los referidos montos, en la medida que sean aprobados por el Parlamento, se irán sumando al listado de la deuda que el Estado tiene con los organismos multilaterales y bilaterales.
También, a la par de estos ya concretados o en etapas de negociación, están aquellos que fueron manifestados como intención de nuevos préstamos por parte del gobierno, como por ejemplo la compra de aviones de combate por US$ 121 millones y para la refacción de escuelas por más de US$ 100 millones, que aún no se sabe de dónde saldrán.
Endeudamiento público sigue creciendo
Al mes de diciembre último el país tiene registrado 67 proyectos en diversas áreas que están financiados con préstamos externos, otorgados entre 2010 a 2023, por un monto de más de US$ 6.253 millones.
El mayor acreedor es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que concedió créditos en ese periodo por US$ 2.202 millones; le sigue CAF Banco de Desarrollo de América Latina, por US$ 2.166 millones; y Fonplata, por US$ 957 millones.
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Al nivel de los préstamos de organismos multilaterales y bilaterales, se debe sumar las deudas contraídas vía emisión de bonos del Tesoro, tanto local como internacional, así como los compromisos asumidos con los inversionistas que desarrollan obras mediante la ley llave en mano.
El informe del mes al diciembre pasado da cuenta que la deuda pública total se disparó a US$ 16.565,9 millones, lo que implica un aumento del 10% con respecto al ejercicio 2022 y ya representa el 38,2% del PIB.
Déficit fiscal se cubre con deudas
El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, señaló a ABC TV que el nivel de deuda pública actual no puede continuar así y reconoció que sería imposible seguir adelante sin estrellarse contra una pared.
Dijo que no le preocupa la deuda sino el déficit fiscal, ya que el pasivo es el resultado del saldo rojo que se genera cada año.
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“El problema de los países con problemas de deuda no es la deuda en sí, sino el déficit que explica ese endeudamiento”, indicó el titular de la cartera de Economía.
El anterior gobierno de Mario Abdo Benítez había establecido como cronograma de convergencia para que en 2023 el ejercicio cerrara con déficit de 2,3% del PIB y, desde este 2024, cumplir con el tope de la ley de responsabilidad bajando a 1,5%.
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La administración Peña argumentó que era necesario sincerar las cuentas fiscales y, para ello, pagar la deuda heredada de unos US$ 600 millones a las empresas constructoras y farmacéuticas, lo que llevó el saldo rojo a 4,1% del PIB al final de diciembre último.
El nuevo gobierno extendió el plan de convergencia y dispuso para el presente ejercicio un tope de déficit de 2,6%, para el año próximo bajaría a 1,9% y en el año 2026, finalmente a 1,5% del PIB.