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La Cámara Nacional de Comercios y Servicios de Paraguay (CNCSP), cuyo presidente es Ernesto Figueredo, manifestó ayer su preocupación ante los acontecimientos registrados en el Senado, que “sin el debido proceso y al margen del reglamento que aprobó el mismo colegiado”, se refería a la se expulsión de la senadora Kattya González (PEN).
“Esto genera dudas sobre la seguridad jurídica y presenta las debilidades de nuestra democracia. Nuestro país necesita avanzar hacia el grado de inversión y aumentar la inversión extranjera, y lo acontecido empaña este proceso”, advierten en un comunicado.
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Agrega que el crecimiento de la economía (como mínimo al 4% anual del producto interno bruto), es el único camino para mejorar la oferta laboral y dignificar a los paraguayos.
Por su parte, la Cámara Paraguaya de la Industria del Hormigón Elaborado, cuyo representante es Enio Quevedo, analizó que la pérdida de investidura es conceptualmente equivalente a un juicio político, lo cual “es una potestad del Congreso en el marco de un sistema republicano, que le permite separar de sus funciones a aquellos integrantes que hayan cometido contravenciones o mostrado ineptitud en el ejercicio de sus funciones. El Poder Judicial no cuenta ni tiene jurisdicción en la materia”, afirma.
Agrega que en la práctica, “un hecho de esa naturaleza es en verdad siempre una medida del equilibrio de fuerzas políticas existentes en ese momento. Por eso, finalmente, es un hecho cuyas conclusiones no se derivan necesariamente al Poder Judicial. Es simplemente una medida de las fuerzas políticas en una coyuntura determinada”, se lee.
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Sin embargo destaca que para el gremio es importante que el partido que en la actualidad está en función de gobierno “utilice con prudencia y mesura la actual mayoría política que posee, de modo a ir consolidando el crecimiento de la credibilidad internacional que está teniendo el país”.
Por su parte, la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), cuyo presidente es Paul Sarubbi, consideró que en este caso se podría recurrir a la justicia, porque “el respeto de esto es lo que consolida cualquier democracia y, por el contrario, lo que la destruye cuando no se cumple. La primera y mayor injusticia es que las leyes se apliquen de manera diferente, según quién es el afectado. En este contexto consideramos que la Justicia es quien debe esclarecer si en este proceso se respetaron esos límites”.
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Debilitan la democracia
David Caballero, de la Asociación de Emprendedores de Paraguay (Asepy), aseguró que “el gremio no puede mantenerse ajeno a las situaciones y acontecimientos que como estos debilitan nuestra República y alejan el ansiado grado de inversión que todos anhelamos. Es imposible construir una república democrática, con instituciones fuertes, sin el respeto a las leyes y normas vigentes por parte de nuestros legisladores”, expresan en un comunicado.
Añade que “estos hechos dañan profundamente el proceso de construcción democrática y afectan la credibilidad e imagen de nuestro país, generando incertidumbre e influyendo negativamente en la economía”.
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En esta advertencia también coincide el exministro de Hacienda Dionisio Borda, quien calificó la actuación del oficialismo como “acto vergonzoso de violación de las normas jurídicas y del derecho al debido proceso a la defensa de una acusada, por intolerancia política, que configura una falta grave a las prácticas democráticas y al sistema republicano”.
Recalcó Borda que la senadora González es “una legisladora respetada y legitimada por más de 100.000 votos en las últimas elecciones”. Este tipo de contextos son analizados al momento de establecerse el grado de inversión del país, enfatizó.
