Otra vez piden “auxilio” estatal a la casi quebrada Copaco

Empleados de Copaco se reunieron de nuevo esta tarde con el presidente de Copaco, Óscar Stark, y otra vez pidieron un auxilio estatal para que la casi quebrada telefónica pública siga operando. “No puede ser que nosotros seamos empleados de segunda o de tercera categoría del Estado”, dijo uno de los voceros.

Dirigentes de Copaco se reunieron con el presidente de Copaco, Óscar Stark.
Dirigentes de Copaco se reunieron con el presidente de Copaco, Óscar Stark.Gentileza

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Funcionarios agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de Copaco (Sintraco), se reunieron esta tarde con el presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) y nuevamente pidieron un “auxilio” estatal para salvar la casi quebrada compañía, que si se concreta, sería una carga más para todos los contribuyentes.

“La misma cosa siempre nos responde el presidente, que los salarios se están pagando de acuerdo a los ingresos genuinos de Copaco. Para nosotros no es una respuesta muy favorable porque creemos que tiene que haber una inyección del sector del Gobierno hacia Copaco. Nosotros somos empleados del Estado y, por supuesto, tenemos que tener nuestro presupuesto del Estado”, expresó Óscar Nalerio, secretario general de Sintraco.

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Nalerio dio a entender que los trabajadores de Copaco deberían ser como funcionarios públicos, cuando en realidad son empleados de una empresa deficitaria que los administradores de turno vivieron liquidando y llenando de clientela política.

“No puede ser que nosotros seamos empleados de segunda o de tercera categoría del Estado. Nos preocupa la situación de que no tenemos ningún tipo de proyecto de inyección de capital hacia la compañía”, enfatizó.

Por otro lado, resaltó que los salarios siguen sin regularizarse y que se están desembolsando por grupos, por lo que el próximo martes tendrán una reunión general en la Central Nacional de Trabajadores (CNT) para tratar esta situación.

El presidente de la compañía, Óscar Stark sigue sin presentar su plan de salvataje para la empresa pública, pese a que prometió tener un proyecto definido en 15 días.

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