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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó en abril del año pasado la construcción de la ruta PY12, tramo cruce Nanawa – Gral. Bruguez y accesos, a cuatro empresas diferentes, las cuáles ya cobraron G. 170.070 millones de anticipo.
Empero las obras no avanzaron hasta la fecha, debido a que la institución tardó en realizar los llamados para fiscalizar los trabajos, pues las cuatro licitaciones para la contratación de las consultoras se publicaron recién en mayo del año pasado -después de la adjudicación de las obras- y las ofertas se recibieron en junio.
Hasta ahora se desconocen las firmas que fueron adjudicadas para supervisar los trabajos, debido a que hubo una lluvia de protestas ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ente financiador del proyecto, pues los oferentes estuvieron disconformes con la evaluación de ofertas que realizó el MOPC, según informaron a este diario fuentes del sector. Las impugnaciones se hicieron ante este organismo debido a que todo el proceso se lleva adelante conforme a las políticas para la selección y contratación del BID, evadiendo la ley de compras públicas del país.
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En este sentido, ni siquiera los documentos que tienen que ver con el proceso de adjudicación fueron publicados aún en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), entidad que es ignorada cuando el BID financia algún proyecto, como ocurrió en su momento con el fracasado metrobús.
En total el MOPC realizó cuatro llamados para fiscalizar el mismo número de lotes de la obra. Los llamados que figuran en el portal de la DNCP tienen los siguientes ID: 430.352, 430.356, 430.358 y 430.360 correspondientes a los lotes 1,2, 3 y 4 respectivamente. El monto estimado en estas consultorías es de G. 63.664 millones.
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Obra se adjudicó en abril
La ruta PY12 se adjudicó en abril del año pasado en cuatro lotes, por G. 1.292.370 millones (US$ 179,5 millones al cambio actual), para construir 166 km de carretera y accesos pavimentados.
El lote 1 estará a cargo del Consorcio TEC, integrado por las firmas Tocsa S.A., Ecomipa S.A. y Concret Mix S.A., representado por Sara María Blanco de Dose, por un monto de G. 338.128 millones y ya cobró adelanto de G. 42.181 millones.
Otro grupo adjudicado fue el Consorcio Avanza Chaco (Construpar S.A. – Tecnoedil S.A. Constructora– Ocho A S.A.), representado por Sergio Rubén Samudio Báez, que construirá el lote 2 por G. 343.543 millones y ya percibió G. 46.038 millones. Por su parte, el Consorcio Vial Chaco (Weell. Co S.A.- Teco S.R.L.), representado por Gerardo Agilio Espínola Yakisich será responsable del lote 3, por un monto de G. 244.003 millones y ya cobró anticipo de G. 33.279 millones.
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Finalmente, el Consorcio Chaco Sur (MM S.A.- Tecnología del Sur S.A.E.- Proel Ingeniería de Augusto Ortellado Narváez - Compañía de Construcciones Civiles S.A.), representado por Mauricio Javier Cordero Codas, llevará adelante las labores en el lote 4, por G. 366.696 millones y ya percibió G. 48.572 millones.
Misma situación en la ruta bioceánica
El MOPC también ya pagó un anticipo de G. 93.221 millones a las cuatro firmas que fueron adjudicadas para la construcción de la ruta PY15, que es el tramo que falta de la ruta bioceánica para conectar Mariscal Estigarribia con Pozo Hondo. Dicha obra se adjudicó en noviembre del 2022 y los primeros pagos fueron concretados entre marzo y julio del año pasado, pero los trabajos tampoco inician, al igual que la ruta PY12.
Esto porque la DNCP canceló la adjudicación de las tareas de fiscalización del tercer lote, que había sido adjudicada a la empresa Electropar Ingenieros y Consultores SRL, representada por Alcides Cáceres Vargas, por G. 20.664 millones. Contrataciones canceló esta adjudicación porque consideró que dicha firma debía ser adjudicada para el lote 1 y no para el lote 3, por lo que exigió al MOPC que reevalúe las propuestas, lo cual sigue su curso.
Electropar es conocida por “no ver” las fallas en las obras que verifica, como ocurrió en el caso del lote 1 de la ruta PY09.