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En medio de las discusiones sobre la necesidad de una urgente reforma a la ley de la Caja Fiscal que acumulaba un déficit sucesivo desde el año 2015, es preciso recordar que hace 20 años se realizó una primera reforma con la intención justamente de revertir la crítica situación financiera de esta caja de pensiones y jubilaciones del sector público.
En esta reforma a través de la Ley 2345/2003 se establecieron, por ejemplo, seis sectores contributivos distribuidos entre el Programa Contributivo Civil y el No Civil; se aumentó la tasa de aporte del 14 al 16% para todos los sectores; la retención de aportes sobre todos los objetos de gastos remunerativos del personal, incluido el salario base, horas extraordinarias, gastos de representación, bonificaciones.
Luego de esta reforma de 2003, mejoró su situación financiera hasta el año 2012, pasando de un déficit de 0,1% del PIB en 2008 hasta alcanzar en 2012 un superávit de cerca de 0,2% del PIB, unos US$ 259 millones. Se había logrado además el equilibrio en 60 años de los sectores de empleados públicos, docentes universitarios y magistrados judiciales. Aunque seguían con déficits el magisterio nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sectores que mantienen un nivel alto de desequilibrio contributivo respecto a los otros entes públicos.
Si bien la reforma venía dando su frutos, luego volvió a deteriorarse con la aprobación de diferentes regímenes especiales que desvirtuaron por completo los fines de la reforma. Actualmente, el déficit acumulado desde el 2015 al 2023 ronda los US$ 900 millones, 2,1% del PIB.
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Regímenes especiales
Estos regímenes especiales de jubilación se crearon entre 2007 y 2021 y comprenden el sector de enfermeros, obstetras, médicos, odontólogos, bioquímicos y psicólogos del MSPBS, médicos de todos los organismos y entidades del Estado y empresas públicas, docentes en educación inclusiva, agentes de la Patrulla Caminera, guardaparques y trabajadores con discapacidad de la función pública.
De acuerdo con un estudio reciente realizado por el exministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estos nuevos regímenes provocaron una reversión de los efectos de la reforma del 2003, debido a que tienen parámetros diferentes al del programa contributivo civil, en cuanto a la edad mínima de jubilación, años de aporte, tasas de sustitución y el salario base para el cálculo de la jubilación.
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Para revertir desequilibrios
Entre las posibles soluciones, el economista Manuel Alarcón, del Observatorio de Gastos de Dende, mencionó recientemente algunos posibles escenarios que incluyen, por ejemplo, aumentar la tasa de contribución del 16 al 17%. Otra opción para aumentar los ingresos sería incluir a los funcionarios contratados como aportantes de la Caja Fiscal.
Otra salida podría ser la extensión del periodo de aportes. Según Dende, aumentar el tiempo de aportes requerido a 64 años y 11 meses, podría ayudar a reducir la presión financiera de la Caja Fiscal.
Con relación al sector del Magisterio Nacional, se sugiere que los maestros continúen activos y accedan a la jubilación a los 65 años; es decir, seguirían aportando 20 años más considerando las condiciones económicas muy favorables con que cuentan en la actualidad.
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Superintendencia aún no puede intervenir
Ante los distintos escenarios de crisis que se perciben, tanto en la Caja Fiscal como en la Caja Municipal, la Caja Bancaria y otros, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, manifestó que hay preocupación sobre estos problemas y que de ahí surgía justamente el “apuro” en aprobar la Ley de Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones.
“Miramos con preocupación lo que está pasando en las diferentes Cajas de Jubilaciones y Pensiones y teníamos la percepción de una explosión de estos problemas que ahora salen a la superficie, y por eso era uno de los motivos por los cuales urgimos esta Ley de la Superintendencia de Pensiones”, afirmó Fernández Valdovinos a la 1020AM.
Sin embargo, debido a que la ley aún no está reglamentada y no está aún en pleno funcionamiento, todavía no puede intervenir en caso específico a la Caja Fiscal.
Además, añadió que considera correcta la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) en el caso de la Caja Bancaria, que también atraviesa un problema de gobernanza.
En lo referente a la Caja Municipal, precisó que es más complicado porque se deben ver los mecanismos legales que se pueden tomar en este caso.
“Vemos con preocupación esta situación, pero por otro lado estamos tratando de dar una solución a los miles de asegurados que hay en las diferentes cajas”, apunto.
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Conformación del consejo
El ministro Carlos Fernández Valdovinos agregó que para avanzar con la implementación de la Ley el Gobierno convocará a una reunión para la conformación del consejo de seguridad social con miras a poder intervenir, ante la crisis de las cajas Municipal y Bancaria.
Fernández dijo que ya envió una carta a la ministra de Trabajo para que inicie el proceso de elección de los miembros del consejo.
El ministro recordó que los empresarios serán nominados por la Feprinco, mientras que los trabajadores deberán realizar una votación. Fernández Valdovinos expresó que la conformación del consejo es urgente, ya que las cajas previsionales arrastran un atraso de 30 años y necesitan una solución integral.