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La Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal administrada por el Ministerio de Economía está compuesta por un sector civil, integrada por empleados públicos, magistrados judiciales, maestros y docentes universitarios; y un sector no civil, integrado por militares y policías.
Al cierre del año pasado la entidad registró 62.849 jubilados de los diferentes sectores públicos y 11.492 herederos y pensionados que cobrarán sus beneficios con un reajuste en función a la inflación 2023 y la suba del sueldo mínimo.
Los jubilados del sector civil recibirán a fin de mes un reajuste del 3,7% en su haberes, atendiendo que la actualización se realiza en función a la inflación registrada en el ejercicio 2023. En cambio, los retirados del sector no civil percibirán 5,1% más, debido a que la actualización se efectúa por la variación del salario mínimo que en vigencia desde julio del año pasado.
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Los uniformados activos tienen su escala salarial atada a la variación del salario mínimo, aunque estos cobrarán el incremento del 5,1% en dos cuotas (50% en enero y 50% en julio), pero los retirados percibirán el 100% desde este mes, de acuerdo con lo que dispone la ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024.
Déficit anual se financia con impuestos
El reajuste se lleva a cabo cada año en función a los indicadores señalados, lo que presiona cada vez más al Tesoro Público porque gran parte del déficit que arrastra la Caja de Jubilaciones se financia con los impuestos que paga los contribuyentes.
La Caja Fiscal registra déficit desde hace nueve años, pero las reformas sugeridas para buscar encaminarlo nuevamente hacían unas finanzas sostenibles no avanzan, los proyectos duermen en el Congreso y desde el Poder Ejecutivo no se impulsa ninguna medida específica para corregir este sector.
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El año pasado la Caja Fiscal cerró con un saldo rojo de más de G. 1,1 billón (US$ 155,8 millones), lo que representa 24% de diferencia entre los ingresos obtenidos y los gastos efectuados. Sin embargo, la cifra se dispara a cerca de G. 1,8 billones (US$ 253,3 millones) si se suma el aporte que realiza a la Caja Fiscal el Tesoro Público en concepto de cargos vacantes, que también se financia con los impuestos.
En ocho años, sin incluir el 2023 que aún está en proceso de consolidación, los datos manejados por el Ministerio de Economía dan cuenta que ya se destinaron cerca de US$ 900 millones de los impuestos pagados por la ciudadanía para financiar la brecha y cumplir con los jubilados del sector público.
Sectores deficitarios de la Caja Fiscal
Según el último informe del MEF a diciembre del año pasado, los sectores de empleados públicos y magistrados judiciales, registraron superávit del 84% y 22%, respectivamente; mientras que los docentes universitarios, militares, policías y maestros, déficit de 2%, 73%, 63% y 39%, respectivamente.
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El sector de docente universitario hasta el cierre del ejercicio 2022 registraba superávit, pero desde el año pasado se sumó al sector deficitario y empieza a consumir también las reservas de la entidad.