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Barreto fue consultado por ABC respecto al déficit que arrastra desde hace nueve años la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que administra la jubilación del sector público.
La Caja Fiscal cerró el ejercicio 2023 con un saldo rojo de más de G. 1,1 billón (US$ 155,8 millones), monto que representa 24% de diferencia entre los ingresos obtenidos y los gastos efectuados en jubilaciones y pensiones. Sin embargo, el monto se dispara a G. 1,8 billones (US$ 253,3 millones) si se suma el aporte que realiza el Tesoro Público en concepto de cargos vacantes.
El exministro señaló que en los últimos años se sigue observando una tendencia de déficit creciente de la Caja Fiscal y que desde hace muchos años vienen alertando de la insostenibilidad del modelo de financiamiento.
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A su criterio es insostenible porque sus parámetros fundamentales de edad de jubilación, años de aporte y el beneficio que promete en términos de jubilación están absolutamente desfasados respecto a la tasa de aporte que hoy tienen algunos grupos privilegiados de funcionarios públicos, como los maestros, policías, militares y, con los cambios recientes, también el personal de blanco y los funcionarios judiciales.
El déficit desde 2029 rondaría US$ 400 millones por año
Barreto agregó que las últimas proyecciones realizadas por técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hace dos años, indican que, por las razones mencionadas, el déficit de la Caja Fiscal rondaría el 1% del PIB hacia el año 2029, lo que representa alrededor de US$ 400 millones por año.
“Dadas estas proyecciones y sus implicancias para las finanzas públicas, la reforma de la Caja Fiscal seguro debería ser una prioridad para el gobierno. Tal vez están enfocados en la puesta en marcha de la superintendencia de jubilaciones para avanzar, pero los tiempos apremian.
Por ejemplo, muchos jubilados municipales, sector que tiene una caja de jubilaciones específica, ya no están cobrando su jubilación”, explicó el exministro de Hacienda.
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La reforma de la Caja de Jubilaciones del sector público no avanza en el Congreso ni es impulsada por el gobierno de Santiago Peña.
El gobierno anterior de Mario Abdo Benítez había presentado al Congreso en julio del año pasado un proyecto de ley, como parte de los compromisos asumidos en el marco del Instrumento de Coordinación de Políticas (PCI) acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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El referido proyecto de ley “Crea la Comisión Nacional para el estudio de la Reforma Integral del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público”, atendiendo la necesidad extrema e impostergable de realizar un análisis técnico y normativo profundo e integral, a fin de elaborar un nuevo marco regulatorio para el sistema, que apunte esencialmente a unificar el marco jurídico, según el mensaje del Ejecutivo.
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Sin embargo, desde su presentación y hasta la actualidad duerme en las diversas comisiones asesoras de la Cámara de Senadores.
La Caja registra déficit desde el ejercicio 2015
La Caja Fiscal arrastra déficit desde el año 2015, nueve años consecutivos que los contribuyentes deben cargar con parte de los beneficios que se pagan a los jubilados y retirados del sector público.
Según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en ocho años ya se destinaron de los impuestos que paga la ciudadanía cerca de US$ 900 millones, para cubrir la brecha y cumplir con los jubilados del sector público. A este monto todavía falta sumar el correspondiente al 2023.