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La Caja Fiscal cerró el ejercicio 2023 con un déficit de más de G. 1,1 billón (US$ 155,8 millones), monto que representa 24% de diferencia entre los ingresos obtenidos y los gastos efectuados en jubilaciones y pensiones.
El saldo negativo, sin embargo, se dispara a cerca de G. 1,8 billones (US$ 253,3 millones) si se suma el aporte que realiza el Tesoro Público en concepto de cargos vacantes, que también se financia con los impuestos, que el año pasado sumaron G. 714.562 millones (US$ 97,6 millones).
La última vez que la Caja de Jubilaciones terminó con superávit fue en 2014, con un monto de G. 185.570 millones, pero desde el siguiente año y hasta el ejercicio pasado, en forma consecutiva, los resultados fueron negativos y los montos siguen creciendo.
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El financiamiento de este déficit, en su mayor parte, recae sobre las espaldas de los contribuyentes, ya que se cubre con los impuestos que abonan y a pesar de que se viene advirtiendo la inminencia del colapso de la entidad, la reforma no avanza.
Los datos manejados por el Ministerio de Economía y Finanzas indicaban que en los últimos ocho años ya se había destinado de los impuestos cerca de US$ 900 millones para cubrir la brecha y cumplir con los jubilados del sector público.
Fondo Monetario pide garantizar sostenibilidad de Caja Fiscal
El Fondo Monetario Internacional (FMI), en la segunda revisión llevada a cabo en diciembre del año pasado del acuerdo firmado con el gobierno en el marco del Instrumento de Coordinación de Políticas (PCI), sostiene que “de cara al futuro, es imperativo garantizar la sostenibilidad del fondo de pensiones de los servidores públicos”.
La reforma de la Caja Fiscal forma parte de este acuerdo firmado con el gobierno anterior de Mario Abdo Benítez y, en ese sentido, uno de los compromisos asumidos fue presentar un proyecto de ley al Congreso.
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En julio del año pasado, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley que “Crea la Comisión Nacional para el estudio de la Reforma Integral del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público”.
En el mensaje se señaló la necesidad extrema e impostergable de realizar un análisis técnico y normativo profundo e integral, a fin de elaborar un nuevo marco regulatorio para el sistema, que apunte esencialmente a unificar el marco jurídico.
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Además sostuvo que se debe poner fin a la multiplicidad de normativas que fragmentaron la Caja Fiscal con diferentes regímenes y beneficios que imposibilitan su sostenibilidad.
El proyecto de ley desde su presentación está actualmente en las diversas comisiones asesoras de la Cámara de Senadores para su estudio.
Un proyecto anterior está pendiente en el Senado
Un proyecto de ley anterior, presentado en mayo de 2023 por varios senadores del periodo anterior, fue aprobado por la Cámara de Senadores en junio y en setiembre fue rechazado por la Cámara de Diputados, que devolvió el plan al Senado, donde aún no existe una definición al respecto.
Este proyecto también crea una “Comisión Nacional para el Estudio y Elaboración de Propuesta Legislativa del Régimen Financiero y Sostenibilidad del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público”.
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La intención era la creación y conformación de una amplia comisión nacional que tendrá a su cargo el estudio de la situación financieras de las diversas cajas de jubilaciones del sector público y proponer un proyecto de reforma en un plazo máximo de 12 meses.
A través de la referida comisión se buscaría un consenso entre los diversos sectores afectados, de tal modo a avanzar hacía una reforma del sistema de jubilaciones y asegurar la sostenibilidad técnica y financiera de la cajas en el futuro, según argumentaron los proyectistas en su momento.