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En comunicación con ABC Cardinal este martes, el canciller Rubén Ramírez dio detalles sobre la reunión que tuvo lugar ayer en Brasilia entre el presidente Santiago Peña y su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva e insistió en que la intención de ambos gobiernos es llegar a un acuerdo beneficioso para ambos países en torno a la tarifa de Itaipú para 2024 y la revisión del Anexo C del tratado de la binacional.
El canciller Ramírez opinó que la conversación de ayer, que incluyó a ambos mandatarios, sus cancilleres, jefes de gabinete, varios ministros y los directores de ambas márgenes de Itaipú, fue “abierta, sincera, con visión conjunta de construir”.
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La reunión fue evidencia del “interés de ambos países en consolidar un periodo de construcción que beneficie a ambas partes”, dijo y agregó que el objetivo a grandes rasgos es “promover la integración regional en el Mercosur” e impulsar la infraestructura regional.
Sin embargo, lógicamente, el tema prioritario de la conversación fue la definición de una tarifa para la energía de Itaipú para el nuevo año, además de la redefinición del Anexo C al haberse cumplido 50 años de la firma del tratado de la binacional, a fin de “definir la relación de ambas partes con miras al futuro”.
Itaipú debe ser “un factor de desarrollo”
“La revisión del Anexo debe promover el desarrollo de los países en beneficio para ambos pueblos”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, quien señaló también la necesidad de “futuras inversiones para ampliar la capacidad de producción de energía renovable”.
Afirmó que la negociación de la tarifa de Itaipú está en marcha teniendo en cuenta “todas las variables” e insistió en que se está trabajando sobre la base de una “visión compartida” de que Itaipú debe ser “un factor de desarrollo” y que el acuerdo debe ser “equilibrado”.
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“Estamos discutiendo una tarifa que sea un factor de desarrollo para ambos países”, declaró. “Paraguay desea condiciones para que podamos constituir una visión para los próximos 50 años”, añadió.
Indicó que, según la visión del gobierno paraguayo, el resultado de las negociaciones debe permitir “desarrollar, a través de una tarifa adecuada, obras de infraestructura e integración entre ambos países”.
“No beneficia a ninguno de los dos países no alcanzar un acuerdo”
Negó que la falta de definición de una tarifa sea beneficiosa para Brasil.
“No beneficia a ninguno de los dos países no alcanzar un acuerdo”, dijo, argumentando que “el 50 por ciento de la energía de Itaipú y Yacyretá es de la República del Paraguay” y que “el Presidente está desarrollando políticas para incentivar el desarrollo de la industria, mejores condiciones de transmisión y distribución para asegurar la estabilidad del suministro”.
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Explicó que el gobierno paraguayo persigue una tarifa que ofrezca “un equilibro desde la perspectiva de lo que demanda el mercado y al mismo tiempo permita acceder a recursos genuinos para la sustentabilidad de la entidad y el financiamiento de programas y proyectos”.
“Una tarifa adecuada, equilibrada, ordenada, previsible es lo que estamos persiguiendo, que nos permita incentivar inversiones”, subrayó.
Itaipú y Unops
El canciller se refirió también brevemente a las irregularidades señaladas por la Contraloría General de la República en torno a donaciones recibidas de parte de Itaipú por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
Según la Contraloría, la Unops recibió una donación de 1.500.000 dólares (más de 11 millones de guaraníes) de Itaipú, en el marco de un proyecto de “Fortalecimiento a la Contraloría General de la República para el control de los procesos de rendición de cuentas y transparencia de la información”.
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Pero solo 404.000 dólares (unos 3.030 millones de guaraníes) se destinarían al ente de control y el resto de los fondos se usarían en compras sin control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
El canciller Ramírez afirmó que “todos los instrumentos de relación con organismos internacionales que están siendo utilizados para la administración de recursos están en revisión” y agregó que “en el más breve plazo vamos a tener una respuesta para cada uno de los proyectos en ejecución” con el propósito de “transparentar toda la ejecución de los recursos”.