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Gerardo Giménez, representante de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), afirmó que el sector se vio sorprendido con las disposiciones de la Resolución N° 7/24, firmada por el viceministro de Transporte, Guido Benza, el pasado 11 de enero. Lamentó que, en resumen, se endurecen las infracciones atribuibles a los conductores, y no así a faltas que comenten las empresas.
Una de la cuestiones más llamativas es que no se aprecia rigurosidad para el control de la frecuencia de buses, no hay sanciones más severas por reguladas, que es la principal queja de los pasajeros.
Esa resolución es una muestra de que se mantiene la misma voluntad política de los exviceministros Víctor Sánchez y Pedro Britos, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, de favorecer a transportistas y no al usuario, lamentó Gómez.
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“Ambos viceministros priorizaron el pago de subsidios a los empresarios, coparticipar del negocio del billetaje electrónico y la tarifa técnica”, se lee en la nota dirigida por Fetrat a Benza y a cuya copia accedió ABC.
Sánchez y Britos “jamás demostraron el más mínimo interés de resolver la problemática del transporte público, ni siquiera lo más básico y sencillo, que es el control real de la frecuencia del servicio en diferentes horarios y puntos del itinerario asignado a cada empresa”, cuestionó el gremio.
Cabe recordar que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) descubrió que el exviceministro Sánchez era “juez y parte” en la administración del contrato del centro de monitoreo del billetaje (valuado en US$ 3,9 millones), pues debía velar por la correcta recepción de los bienes y servicios y, a la vez, era asesor de la proveedora. Se trata del consorcio Electronic Tícket Control (ETC), representado por Ángela Marien Ocampos Ortega.
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La DNCP detectó que no se cumplieron las obligaciones y Sánchez no ejecutó las pólizas. La serie de inacciones derivaron en que hoy, el Estado no controle en tiempo real la prestación de los transportistas.
La Fetrat denunció que con la resolución se hace una “demostración de poder desequilibrado, absolutamente innecesario”.
“Implementa severas multas a los compañeros choferes, destinatarios de todos los insultos y reclamos por parte de los usuarios de buses de transporte público”, dijo.
Añadió que el viceministro evidencia su ignorancia en las variables vinculadas a la prestación del transporte público, y que las debe gestionar como autoridad del Viceministerio de Transporte.
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“El estado de las unidades, los horarios, frecuencia y precarización laboral, todo depende pura y exclusivamente de los empresarios, eso mismos que celebran cuando perciben de forma sistemática el subsidio del transporte”, criticó.
