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Carlos de Pauli, representante de empresas que habían competido para operar el billetaje electrónico pero que quedaron descalificadas por el Viceministerio de Transporte (VMT), opinó que el gobierno del presidente Santiago Peña no da señales de ajustarse a las disposiciones de la Ley N° 5230 del billetaje. Consideró que simplemente si hubiera esa voluntad política, los usuarios del sistema del transporte público se evitarían una serie de inconvenientes para pagar el pasaje, que hoy se realiza únicamente con tarjeta.
De Pauli indicó que la ley 5230 prevé una serie de disposiciones que apuntan a generar información para implementar políticas públicas que favorezcan a los pasajeros y que estos opten mayormente por ese medio para trasladarse de un punto a otro. También buscan transparentar el uso de recursos públicos con el pago de subsidios y disminuir la contaminación ambiental, al reducirse el uso de vehículos particulares. Pero entre la ley y la realidad, hay diferencias.
Citó el artículo 4 de la citada normativa, que establece que con el billetaje se debe proveer al Estado los datos precisos y detallados de la flota de buses total, recorrido realizado, cantidad de pasajeros transportados y otros datos que permitan conocer la facturación de cada empresa, por vehículo, por hora, por día y mes. “Incumplido. Nunca se hizo. Los únicos reportes que envían son para cobrar subsidios”, dijo.
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Comentó que el Estado tiene la potestad por ley de conocer cuántos son los pasajeros, que así como en otros países, se logra mediante la vinculación de una tarjeta por persona. “Acá, cuando empezó la implementación del billetaje vimos al viceministro de Transporte (Pedro Britos, en ese entonces) repartiendo y regalando tarjetas a la gente. Es un manejo poco serio y perjudicial para la propia institución que dirigía y violando disposiciones de la ley que debía velar”, criticó.
De Pauli ha tenido relación desde el 2015 con las firmas interesadas en operar el billetaje, pues tiene experiencia con la empresa Láser, una fabricante y desarrolladora de sistema de pagos electrónicos, principalmente en transporte automotor de Argentina y en otros países de la región.
“El caso de los pasajeros fantasma, que se viralizó al chofer realizando varias validaciones simulando viajes de usuarios, no hubiera ocurrido simplemente cumpliendo el catastro”, comentó.
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También cuestionó el funcionamiento del Consejo Ad Hoc, cuyos integrantes “al parecer son unos ignorantes en regular el sistema”, dijo. Ese espacio fue creado por la Ley N° 5230, estipula reglamentar y regular el funcionamiento del billetaje, y realizar los ajustes necesarios que apunten a diseñar políticas públicas del transporte. La normativa estipula el cobro electrónico en todo el país, que tampoco se cumple.
Por otra parte, opinó que el servicio del billetaje debería suspenderse para diagnosticar cómo realmente se encuentra el servicio e instalar el Centro de Control y Monitoreo (CCM) del Billetaje. Calificó de “cerebro” al software, pues debería facilitar información en tiempo real para fiscalizar el servicio de los transportistas.
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Transporte público: limitada competencia
De Pauli había denunciado que la reglamentación para participar en el proceso de habilitación como operadora del billetaje fue tan estricta que limitó la competencia. Recordó que implicaba concretar alianzas con transportistas, sin estar aún adjudicada como operadora del billetaje por el Viceministerio de Transporte.
De todos modos, comentó, trabajó con la Municipalidad de Asunción y de otras ciudades del país para lograr la habilitación, que no obtuvo pese a que había aprobado las certificaciones técnicas, según explicó.
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