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El informe del Ministerio de Economía, entidad que tiene a su cargo la administración del sistema de jubilaciones del sector público, da cuenta que la Caja Fiscal al mes de noviembre registró un ingreso de G. 3,3 billones (US$ 450,1 millones) y un gasto de G. 4,3 billones (US$ 589,5 millones).
La diferencia negativa o déficit que resulta de los aportes de los funcionarios activos y los gastos realizados con el pago de haberes y pensiones, asciende a más de G. 1 billón (US$ 139,4 millones), equivale al 24%, que se financia en su mayor parte con los impuestos que paga toda la ciudadanía.
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A este déficit de noviembre se deberá sumar lo que se va a generar en el presente mes de diciembre, luego de abonarse los haberes y la gratificación especial o aguinaldo prevista para los beneficiarios.
El ente tiene registrado 228.218 aportantes, funcionarios de las diversas entidades públicas de la administración central; y 73.880 beneficiarios, entre jubilados, herederos y pensionados.
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La Caja Fiscal está compuesta por seis sectores: empleados públicos y magistrados judiciales, que a noviembre registran superávit de 86% y 27%, respectivamente; los docentes universitarios, militares, policías y maestros, con déficit de 0,07%, 73%, 63% y 39%, respectivamente.
A través de la ley que establece medidas extraordinarias de gestión, se suspendió para lo que resta del ejercicio el aporte a la referida caja en concepto de cargos vacantes y esto hará que reciba menos ingresos, medida que se extenderá el próximo año por disposición de la ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024.
Reforma de la Caja Fiscal “duerme” en el Senado
La reforma de la entidad es uno de los desafíos considerados prioritarios debido a que se estima su colapso para el año 2027, pero el proyecto de ley que fue presentado en julio último no avanza en el Congreso y se encuentran en estudio en diversas comisiones de la Cámara de Senadores.
El proyecto de ley que “Crea la Comisión Nacional para el estudio de la Reforma Integral del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público” fue presentado por el gobierno anterior de Mario Abdo Benítez como parte del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), bajo el Instrumento de Coordinación de Políticas (PCI).
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El gobierno de Santiago Peña optó por priorizar la aprobación del proyecto de ley que crea la superintendencia de jubilaciones pensiones, lograda en el Congreso con votos de los colorados y el apoyo de parlamentarios satélites, aún con la fuerte oposición de los sindicatos de trabajadores y gremios de jubilados, que recibieron una fuerte represión por las protestas frente al Congreso.