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Ante el apresuramiento del Gobierno liderado por Santiago Peña, saltaron algunos argumentos a debate, como el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Mario Abdo Benítez a fines del 2022, el cual incluía un compromiso de avanzar con algunas reformas, entre ellas el sistema previsional.
Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, indicó en una entrevista a la 1080 AM que la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones no guarda ninguna relación con el “Instrumento de Coordinación de Políticas (PCI)” sino en la necesidad de contar con un órgano de supervisión establecido en la propia Constitución Nacional de 1992 “por el mandato de que el Estado debe velar por las cajas jubilatorias, establecido en el artículo 95. “Esto es algo que se tuvo que haber hecho 30 años atrás. No es un condicionamiento del FMI. Esto ha sido siempre una de las prioridades del Presidente de la República”, añadió.
Asimismo, recordó que el PCI fue firmado a instancias del Gobierno anterior y que se trata de un instrumento que no contiene ningún compromiso financiero, más bien se trata de un programa de coordinación de políticas.
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”Los acuerdos con el FMI no pueden exigir ninguna aprobación de leyes, el acuerdo solo habla de la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso. Para nosotros, más que presentar leyes, nos importa hacer las reformas ya que eso es lo que tiene impacto en la economía”, argumentó Fernández ante la consulta.
Cabe mencionar que en una reciente revisión del acuerdo PCI, la misión del FMI analizó aprobación una solicitud de este Gobierno para ampliación hasta el 2025 de dicho acuerdo que contiene varios otros ejes, entre ellos el compromiso de seguir el plan de convergencia fiscal y volver al 1,5% de déficit para el 2024; sin embargo este punto no se cumplió, así como varios otros que tampoco se avanzó mucho. El pedido de ampliación del acuerdo PCI está a instancias del directorio del FMI que aún no evaluó la situación.
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Préstamo del FMI
En cuanto al préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional (FMI) de US$ 400 millones, según Fernández, se trata de un instrumento diferente al PCI por lo que argumentó que no tendría relación ni condicionante para la aprobación de la Ley de pensiones.
”Es un instrumento totalmente diferente al PCI y tiene otro tipo de objetivo. Este se orienta más al crecimiento sostenible y preservación del medioambiente. Aborda cuestiones importantes para el funcionamiento de la economía en términos ambientales como fomentar el uso de energía renovables”, expresó.
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No obstante, estos dos pedidos el de ampliación del acuerdo técnico PCI con el paquete de reformas estructurales, más la solicitud de préstamo de US$ 400 millones, están a instancias del directorio del FMI que darán a conocer en los próximos días.
Dijo finalmente que la Ley N° 7235 “Que Reglamenta el Rol Supervisor del Estado a las Entidades de Jubilaciones y Pensiones, se aprobó para dar cumplimiento del Artículo 95 de la Constitución Nacional”, y que tiene como objeto regular y supervisar de forma prudencial la manera en la que se administran los recursos financieros y no financieros de las Entidades de Jubilaciones y Pensiones de naturaleza pública y privadas del país.