Cargando...
Pese a los cuestionamientos y casi nulo debate, el proyecto de Ley que reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones o pensiones, podría ser tratado hoy en Senado. El escaso tiempo para el debate genera preocupación desde diversos sectores, ya que hay varias críticas al citado proyecto, entre ellas que abre puertas para que el Estado pueda fondearse con los fondos previsionales, y principalmente del Instituto de Previsión Social (IPS).
El proyecto que tuvo entrada hace menos de 10 días, ni siquiera fue debatido en audiencia pública y recién esta semana obtuvo dictamen, pero figura en el punto siete de la agenda parlamentaria de la fecha.
Inversión en bonos
Uno de los puntos que encendió la alarma en esta nueva versión del proyecto presentado por el Gobierno, radica justamente en lo expresado en el artículo 11 que habla sobre la posibilidad de invertir en títulos del Tesoro y otros instrumentos.
Lea más: Santiago Peña presenta polémico proyecto que crea la Superintendencia de Pensiones
Puntualmente el articulo menciona que las entidades de jubilación y pensiones podrán comprar, vender, arrendar, negociar e invertir sus activos en instrumentos garantizados por la Ley de bancos, en el inciso b) cita los bonos o títulos de deuda de oferta pública emitidos en el Paraguay registrados en la Superintendencia de Valores (SIV) también cita las acciones de sociedad anónimas, fondos mutuos, créditos a afiliados, inversiones inmobiliarias y en otros activos que autorice la Superintendencia.
Incluso el propio titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos había reconocido en una entrevista en ABC Cardinal, que sería “muy tonto” no considerar la posibilidad de invertir en títulos del Tesoro, por el posicionamiento y rendimiento que tienen en el mercado. Ante la imposibilidad legal que tiene el IPS (por la prohibición en su carta orgánica de prestar al Estado), Fernández había indicado que el proyecto debe regir en general (para las ocho cajas), y no solo para el IPS, y que la decisión finalmente de invertir o no en determinados instrumentos recae en el Consejo de cada Caja.
Lea más: Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones no administrará fondos de las cajas, según senador
Deuda histórica al IPS
No obstante, estos argumentos no terminan de convencer a los jubilados y trabajadores, sobre las verdaderas intenciones del Gobierno, ya que hay una deuda histórica pendiente con la previsional de unos US$ 500 millones, por aportes estatales no ingresados.
Superintendente y Consejo
El punto central de esta Ley es la creación de una Superintendencia que tendrá a su cargo la regulación y supervisión de las ocho cajas públicas y privadas. Según el planteamiento de este nuevo proyecto, la superintendencia dependerá de un Consejo de Seguridad Social y en esta instancia se nominará a candidatos para superintendente, quedando la decisión final en potestad del presidente de la República.
Este Consejo estará conformado por el presidente del Banco Central del Paraguay, el titular del Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, un representante de jubilados, trabajadores y empleadores y podrán durar cinco años en sus funciones.
Otro de los cuestionamientos es que funcionarios de la Superintendencia y supervisores podrán ser sometidos a juicio por las acciones realizadas recién tras culminar sus funciones, por la eventual omisión o desviación el cumplimiento, entre otros puntos.
Lea más: Advierten inminente saqueo de fondos jubilatorios con apresurado proyecto
Diferencias en articulo sobre derogaciones
El controvertido proyecto de ley que regula la supervisión del sistema de pensiones sigue generando debates y conflictos en diferentes ámbitos. En el apuro de tratar el proyecto de Ley antes que se termine el año, los proyectistas dejaron notar algunas fallas en la redacción y omisiones, que fácilmente presta a confusiones, denunciaron agentes del sector.
Específicamente en el artículo 43 que habla acerca de las excepciones, en el inciso b) detalla que queda derogado el segundo párrafo del Art. 27 del Decreto Ley N° 1860/1950 “Por el cual se modifica el decreto ley 17.071 del 18 de febrero de 1943 de creación del IPS, y no cita las modificatorias que se dieron en 1992 y 2013, por lo que algunos expertos sostienen que se refiere a la Ley 1860, que en el segundo párrafo se refiere “a la prohibición de prestar al Estado, a entes descentralizados y municipalidades.
La falta de una redacción clara sobre este punto, presta a confusión, por lo que debería ser corregido, sugieren. Esto considerando que el artículo 11 del mismo proyecto, autoriza justamente a las Cajas a invertir en títulos públicos, pero no establece límites, por lo que incrementa el temor de los afiliados, especialmente del IPS a posibles “manotazos” a los fondos jubilatorios. Las explicaciones oficiales no convencen a jubilados y trabajadores que se mantienen firmes en el rechazo.
Lea más: Advierten riesgos de uso de los fondos previsionales para financiar al Estado
Jubilados y obreros “sitiarán” el Congreso
Desde la Unión de Jubilados del Paraguay y la Corriente Sindical Clasista, entre otros gremios convocan a una manifestación nacional hoy a partir de las 09:00 frente a la sede del Congreso en repudio del proyecto de Ley de supervisión de pensiones, que figura para su tratamiento en la fecha, en el punto siete.
Según denuncian, la intención es echar mano a los fondos jubilatorios. Amenazan con sitiar en Congreso para evitar este atropello, y anuncian que las movilizaciones se realizarán en distintos puntos del país.
Lea más: Amenazan que “sitiarán” el Congreso para frenar saqueo a jubilaciones
En comunicación con ABC Cardinal, Pedro Halley, representante de la Unión de Jubilados del Paraguay, reiteró sus críticas al proyecto de ley, una propuesta que -a su juicio- “apunta solamente a que el Estado tenga una chequera en blanco” para echar mano de los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS).
Especuló que el “apuro” del Gobierno en buscar que el proyecto se apruebe inmediatamente podría deberse a que “el Estado necesita plata para calzar el Presupuesto de Gastos” y pagar la cuota de la deuda externa sin contar con los fondos necesarios para hacerlo y viéndose imposibilitado de aumentar los impuestos por falta de tiempo y voluntad política.
Asimismo, refirió que varias de esas organizaciones sindicales y sociales “no autorizaron” el proyecto de ley, al que le “falta legitimidad”.