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El proyecto de ley que crea la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones elimina el artículo de la carta orgánica del IPS que prohíbe a la previsional prestar recursos al Estado, según reafirmó Pedro Halley, lo que evidencia que el objetivo es utilizar los fondos de la previsional para sostener al gobierno de turno.
“Este proyecto deroga explícitamente el artículo 27 del segundo párrafo de la Carta Orgánica del IPS que data de 1950, que dice ‘el IPS tiene prohibido prestarle plata al Estado’, consecuentemente, se elimina la única barrera que siempre esgrimió el IPS frente a todos los gobiernos desde 1950 para impedir que la política de turno eche mano a los fondos previsionales, ahí está la intencionalidad del proyecto”, explicó.
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Dijo que prácticamente el IPS pasa a ser la caja grande de todo el gobierno de turno, siendo que el Estado debe US$ 600 millones por la deuda histórica, US$ 70 millones por las 362.000 atenciones a no asegurados en pandemia, y que ahora se le habilita a llevar más fondos.
“En el párrafo séptimo u octavo dice que todo este plan de implementación gradual no se aplicará respecto a los artículos 11 y 12 que tratan de las inversiones y la venta de inmuebles”, precisó.
Superintendente de jubilaciones con superinmunidad
Halley dijo que cuando se maneja dinero ajeno se necesita control, pero partiendo de esa premisa, el Estado está obligado a adecuar ese sistema de control a la Constitución, y segundo, el sistema de control debe ser viable y eficiente, no un proyecto de ley como el que se va a tratar el viernes en el Congreso Nacional en el que la figura del supervisor que avisa de los riesgos, es como el Superintendente de Bancos; es decir, se convierte en un administrador que no solo avisa, sino que también tiene facultades de disposición de las inversiones, dijo.
“También ese superintendente no va a tener inmunidad, va a tener impunidad. Y dice el artículo que al terminar sus funciones allí podrá ser sometido a una investigación, podrá, no dice, deberá; o sea, los principios constitucionales, la flagrancia de la responsabilidad del funcionario quedan anulados para estos funcionarios del superintendente hasta el último funcionario de ese organismo”, indicó.
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Contó que según lo establecido en el proyecto de ley, el superintendente no puede ser investigado, mucho menos imputado, ni procesado hasta que termine sus funciones.
“Yo le pregunté eso al proyectista, qué pasa si este superintendente que finalmente es un funcionario político designado por una instancia política del gobierno de turno hace el rekutu en el cargo, van a prescribir todas las denuncias y no va a ser ni siquiera pasible de investigación judicial. Ni a los legisladores se le da esta ventaja, no hay funcionarios públicos en la legislación paraguaya que tenga semejante blindaje”, criticó.
Hay un sismo en el sindicalismo
Pedro Halley dijo que los que apoyaron en el Ministerio de Trabajo este proyecto de ley ni lo leyeron, y se refirió específicamente a Bernardo Rojas, Giménez, Sonia Leguizamón y otros secretarios generales de centrales. Los acusó de cometer el gravísimo error de no bajar el texto a las bases, a tal punto que en la manifestación convocada este miércoles los sindicatos más grandes del país (Sitrande, Otep, camioneros) les van a cuestionar.
“Este proyecto de ley lo aprobaron, entre comillas, cuatro secretarios generales, entre ellos nomás. Hay un sismo al interior del sindicalismo, una verdadera ruptura, porque no bajaron este proyecto a su base, no tienen la conformidad de sus bases”, refirió.
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Agregó que cuando el presidente Santiago Peña y el ministro de Economía, Carlos Fernandez Valdovinos, dicen que tienen un proyecto que fue consensuado en un 100% por todos, es mentira, y se trabaja sobre una falacia.
Consejo de Superintendencia imita al del IPS
Halley explicó que el Consejo Nacional de Seguridad Social, integrado por presidentes del Banco Central del Paraguay, otra vez el ministro de Economía, el ministro de Trabajo, por un representante de empleadores, de los trabajadores y uno de los jubilados, se pierde cinco a uno otra vez, ya que replica la forma en que se designa y se constituye el consejo del IPS, como un consejo político funcional a cada gobierno de turno
“Entonces no es ninguna solución; es cambiar seis por media docena y el superintendente va a ser designado de una terna de funcionarios propuestos por ese Consejo Político. Queremos control. Necesitamos que haya un sistema de control, no sé si un superpoder llamado superintendencia o un sistema, algo que controle las inversiones y le dé rentabilidad realmente a las inversiones, pero bajo ese argumento no podemos admitir la creación de un superpoder que administre el dinero de cada caja”, afirmó.
Con respecto a las centrales obreras, criticó que los representantes que firmaron el acuerdo con el gobierno son personas que están hace 10 o 15 años, y que lo único que hicieron fue acomodarse bien con cada gobierno. “No creo que se pueda decir que gracias al trabajo de las centrales la informalidad en Paraguay disminuyó, nada que ver. Cada vez aumenta más; o sea, ¿qué hicieron? Trabajaron para ellos mismos y para sus parentelas, no para la clase trabajadora, por eso el sismo al interior de las centrales”, aseguró.
Agregó que el IPS cuenta actualmente en efectivo con US$ 1.700 millones, más US$ 500 millones en propiedades y sumando lo que tiene en préstamos a jubilados y a funcionarios, el patrimonio es de G. 19 billones, unos US$ 2.500 millones.
“No nos oponemos al control, pero pedimos más debate”, afirma Halley
“Queremos control pero no a los apurones”, afirmó tajantemente Halley durante una entrevista en ABC TV. Con esta afirmación exigen como vocero de los jubilados que haya un buen control.
Pide al Gobierno y a legisladores a que se tomen un tiempo, hasta marzo, abril o mayo de 2024 para que haya tiempo de debatir.
“Nos oponemos a la estatización del IPS. De aprobarse desde el Gobierno podrían hacer un `bicicleteo’ con la deuda externa del país y con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, lamentó.
Con respecto al tratamiento de este miércoles cree que habrá una aplanadora de senadores que quiere sacar esto a las apuradas. “Lo que hay que hacer es postergar la urgencia”, concluyó.