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La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular es Agustín Encina, inició este mes un sumario al consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representado por Ángela Marien Ocampos Ortega, que fue contratado en su momento para la instalación del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del billetaje, valuado en US$ 3,9 millones. Se trata de la proveedora del Estado que mantenía como asesor privado a Víctor Sánchez, quien al mismo tiempo ya ejercía el cargo de viceministro de Transporte. Es decir, era “juez y parte”.
Al citado consorcio se le adjudicó vía licitación pública nacional (ID 368.264) y se encuentra conformado por la Empresa Ejecutiva de Inversiones Plan Sociedad Anónima (representada por Rogelio Franco Dávalos) y V SAT SA (José Tomás Insfrán Rivarola). Esta última firma fue salpicada en el caso “tapabocas de oro”, investigación a cargo del fiscal Osmar Legal. En ese entonces detectaron vínculos con Omar Jaén Bohórquez, empresario de largo historial de negociados y hasta pagos de coimas en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
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Pero en este caso, el sumario al consorcio es la tercera investigación que realiza la DNCP en el marco del contrato para instalar el CCM del billetaje.
El primer proceso fue una indagación de oficio y luego una verificación contractual. El segundo, una investigación que ratificó las anomalías detectadas en las primeras averiguaciones y que recomendó un sumario a la proveedora, conforme se desprende de la Resolución N° 2931/23 firmado por el extitular de DNCP, Pablo Seitz, el 14 de agosto de este año. Es decir, un día antes del cambio de gobierno.
El sumario se inició recién tres meses después, el pasado 7 de noviembre, vía Resolución N° 4222/23.
En dichas investigaciones se encontró, por ejemplo, que el consorcio no entregó los bienes y servicios acordados y necesarios para el correcto funcionamiento del CCM. Eso implicaría una diferencia de G. 500 millones en contra del Estado.
Así mismo, los investigadores no hallaron registro de que Sánchez se haya desvinculado de la firma privada cuando asumió el cargo de viceministro. De hecho, entre las conclusiones se mencionó el posible conflicto de intereses en el desempeño del exviceministro.
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Viceministerio de Transporte admitió pasajeros fantasmas
Pero Sánchez no fue destituido en el gobierno de Mario Abdo Benítez por ese conflicto de intereses, sino que fue luego de que admitiera que el Estado estaba subsidiando por pasajeros fantasmas.
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También reconoció que el Viceministerio de Transporte no contaba con la tecnología para un control de las frecuencias de los buses ni con otros componentes para someter a una auditoría a las operadoras del billetaje, que son Epas (tarjeta Jaha) y TDP SA (tarjeta Más), de Cetrapam y Álvaro Wasmosy, respectivamente.
Vale decir, las operadoras del billetaje todavía no proveen al Estado los datos vinculados al pasaje y, consecuentemente, a los subsidios que reciben los transportistas. Todo esto, porque el CCM no está realmente completo. La situación favorecería a Cetrapam, dueña de la operadora con mayor participación en el mercado y acreedora de subsidios.
MOPC no completa módulos faltantes
La titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, confirmó a ABC que no realiza las gestiones para completar los componentes faltantes del centro de monitoreo, detectados por técnicos y por dos investigaciones de Contrataciones Públicas.