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La titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, confirmó que no realiza las gestiones para un llamado a licitación para completar los componentes faltantes del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del billetaje electrónico. Se trata de los niveles que permitirán la auditoría y control en tiempo real de la circulación de los buses del Área Metropolitana y que se proyecta extender a nivel país.
Las declaraciones las brindó en conferencia de prensa, el jueves último, al cumplirse 100 días de gestión del presidente Santiago Peña.
La ministra Centurión había hecho un repaso de las obras en ejecución y los planes para los próximos años, además de proyectos de transporte masivo de pasajeros, como el tren de cercanías y la movilidad eléctrica.
Asimismo, confirmó que se cambiaron las reglas para los pagos de subsidios a los transportistas. Su argumento fue que los empresarios supuestamente necesitan de recursos para la prestación del servicio, y que esa modificación implicará el desembolso de más dinero al mes en ese concepto.
ABC aprovechó la ocasión para consultar sobre la situación del centro de monitoreo, el “cerebro” del cobro electrónico, a lo que sólo respondió que se encuentra en investigación.
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Al ser insistida referente a las gestiones para completar los componentes faltantes detectados en la administración anterior, respondió que aguardará los informes para tomar decisiones. Mientras tanto, contrató a “los mejores técnicos y matemáticos para realizar los trabajos necesarios”, mencionó, sin especificar quiénes son ni en qué consisten sus labores.
Mientras tanto, en las calles los pasajeros soportan largas esperas por los colectivos y viajar hacinados en unidades de transporte.
Cabe recordar que durante el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez explotó un escandálo al constatarse que el Estado subsidió por pasajeros fantasmas. El caso obligó al mandatario a despedir al entonces viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, y lo reemplazó Óscar Stark. Éste último constató una serie de anomalías en los contratos del centro de monitoreo y, entre lo más llamativo, que no funcionaban los componentes claves para el control a los transportistas.
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La situación se vuelve más sensible al considerar que el sector que cobra el subsidio está nucleado en Cetrapam, mismo gremio que es dueño de la operadora del billetaje con mayor participación del mercado, Epas SA, con la tarjeta Jaha.
Es decir, Cetrapam es acreedora del dinero público y es, a la vez, la que proporciona la información sobre la calidad de su prestación y los datos que definen los montos de costos y subsidios. En tanto, el Estado no tiene la capacidad para realizarle una auditoría en tiempo real, conforme a las explicaciones dadas por Stark en su momento.
El contrato del centro de monitoreo
La incapacidad de control es el resultado de una serie de anomalías en el cumplimiento del contrato de la instalación del centro de monitoreo, a cargo del consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representado por Ángela Marien Ocampos Ortega, que ejecutó el citado proyecto por casi US$ 4 millones. El grupo está conformado por la Empresa Ejecutiva de Inversiones Plan Sociedad Anónima (representada por Rogelio Franco Dávalos) y V SAT SA (José Tomás Insfrán Rivarola).
El caso fue investigado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) recién en 2023, pese a que las anomalías empezaron a surgir en 2019 y sucesivas publicaciones periodísticas lo denunciaban. Dos indagaciones confirmaron una serie de incumplimientos y recientemente la DNCP anunció una tercera investigación con un sumario al consorcio contratista.
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Entre los hechos llamativos constatados por la DNCP se encuentran las inconsistencias entre los bienes existentes y obras ejecutadas en el CCM por unos G. 500 millones, y que el entonces viceministro Sánchez era “juez y parte” en la ejecución del contrato, pues era el profesional técnico de la contratista y al mismo tiempo, autoridad del VMT.
Sin transparencia
El gobierno de Peña no sólo no dispone de la tecnología para controlar a las concesionarias del transporte y no muestra gestiones para revertir la situación, sino que además no se ve transparencia en sus gestiones, ya que impide que la Organización de Pasajeros de Transporte Público (Opama) integre los dos organismos que manejan los datos sensibles relativos a la prestación.
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Se trata del Consejo Ad Hoc, que estudia los datos y toma decisiones relativas al billetaje electrónico, y el Consejo de la Tarifa Técnica, que fija el precio del pasaje y los montos de subsidios que cobrará cada concesionaria del Área Metropolitana de Asunción. Sobre este último, la ministra informó que se reunirá sólo dos veces al año.
En cuanto a la falta de apertura de su administración, mencionó que Opama tiene inconvenientes jurídicos para integrar el organismo. Sin embargo, evitó responder por qué no permite que Opama participe al menos en los encuentros, de manera informal. Eso, a fin de conocer los trabajos que realizan vinculados al traslado masivo de personas.
