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La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular es Agustín Encina, desarrolla una serie de capacitaciones en el marco de la implementación de la Ley N° 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas junto con su reglamentación, el Decreto N° 9823 del 11 de agosto del 2023, firmado por el expresidente Mario Abdo Benítez poco antes del traspaso de mando a Santiago Peña. Entre las principales novedades está el proceso del registro de las proveedoras.
Teniendo en cuenta que la reforma implica modificaciones sustanciales en los procesos de compras que realizan las instituciones públicas, la institución realiza talleres de formación de modalidad presencial y virtual. La participación es de acceso libre y gratuita, previa inscripción.
Liz Centurión, jefa de capacitaciones de Contrataciones Públicas, comentó que el Registro de Proveedores reemplaza al Sistema de Proveedores del Estado (SIPE), y se encuentra en vigencia desde octubre pasado con la emisión de la Resolución N° 3801.
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“Este nuevo registro principalmente da una mayor fuerza a las personas como usuarios administradores y disminuye la burocracia. Además, con este registro vamos a tener interoperabilidad con otras bases de datos disponibles en otras instituciones”, dijo. El cruzamiento de información se dará con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el Instituto de Previsión Social (IPS) para confirmar el cumplimiento de normativas laborales de las proveedoras.
Asimismo, las compañías interesadas en vender sus productos y servicios a las instituciones públicas deberán de disponer los datos actualizados con este nuevo esquema antes de la presentación de sus ofertas. Entre los informes que deberá proporcionar son la identificación de un representante legal, los accionistas y los beneficiarios finales de la compañía.
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“El registro de proveedoras permitirá identificar desde el momento de la presentación del oferente los posibles casos de conflictos de intereses o inhabilidades para vender al Estado”, comentó. Señaló que los datos proporcionados por las empresas se clasifican en públicos y confidenciales, esto último en lo relativo a los estados financieros.
Más flexibilidad y menos burocracia
La jefa de capacitaciones puntualizó que entre los ejes de la reforma de la normativa de compras públicas se encuentra la posibilidad de conocer al oferente antes de la adjudicación, dando una mayor flexibilidad y eliminando burocracia, y otorgando una mayor responsabilidad al empresariado en la administración de sus documentos.
“No queremos generar inconvenientes, finalmente son oportunidades de negocios para las empresas, se eliminan muchas exigencias pero también se individualizan a los responsables de las empresas”, comentó.
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Mencionó que en el software se podrá visualizar los llamados en los que se presenta cada empresa, las adjudicaciones, las sanciones, entre otros. “Toda la información estará más ordenada a fin de poder realizar una mejor trazabilidad, de forma transparente y pública. Todas las empresas que aspiren vender al Estado deberán estar inscriptos”, recalcó.
Por otra parte, mencionó que actualmente en el SIPE existen 28.000 firmas y a partir de enero del 2024 ya regirá este mecanismo para las licitaciones públicas.
Finalmente, Centurión señaló que en el portal del Instituto de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se socializa el calendario de capacitaciones, y en caso de que algún interesado desea mayor información, puede requerirlo en la opción “Mesa de Ayuda” disponible en la web o llamando al (021) 415-4000, con el área de capacitación.