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El Frente Sindical y Social está conformado por organizaciones sociales, sindicatos del sector público y privado, así como asociaciones de jubilados, que ayer realizaron una conferencia de prensa en la sede del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) para ratificar su postura de rechazo al proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
Los dirigentes dejaron en claro que el acuerdo firmado por algunos sindicalistas con el gobierno de Santiago Peña, no tiene legitimidad porque se hizo sin haber consultado a las bases ni realizado un congreso para discutir el tema.
En la conferencia oficiaron de vocero de los diversos sectores: Adolfo Villalba, secretario general de Sitrande; Gabriel Espínola, secretario general de OTEP-auténtica; Eduardo Aguayo, de la Asociación de Asegurados del IPS; Rosana González, del sindicato Nacional de Médicos (Sinamed); Pedro Halley, de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay; Miguel López, de Acción Sindical Clasista, entre otros.
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El titular del Sitrande dijo que la postura siempre fue firme en torno a la no utilización de los fondos jubilatorios como se plantea, por lo que no acompañan este acuerdo firmado el pasado lunes en Mburuvicha Róga.
Argumentó que cualquier acuerdo antes de firmarse debe ser socializado a las bases y debatido en un congreso unitario, para poner a conocimiento de todas las personas que puedan ser afectadas por la implementación de ley y, de ser aprobado, se autoriza a la suscripción.
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Todas las personas que están en la conferencia de prensa son dirigentes que no tienen conocimiento acabado del proyecto de ley, por lo que el acuerdo fue firmado por dirigentes elegidos a dedo por el gobierno, expresó Villalba.
Advierten que se deroga prohibición de préstamos al Estado
Señaló que a través del proyecto de ley se pretende derogar artículos de la carta orgánica del IPS, que prohíbe otorgar préstamos al Estado y a las entidades descentralizadas, a las municipalidades.
Villalba hizo un llamado a todos los trabajadores para movilizarse por el rechazo del proyecto de ley que el gobierno presentará a consideración del Congreso para su aprobación.
Halley, por su parte, indicó que la postura de la Unión de Jubilados desde el primer momento fue de rechazo porque es inconstitucional y éste no es más que un “refrito” del primero que estaba mal.
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Expresó que el sector cree que es necesario un control, que debe hacerse un buen sistema de control, pero no a los apurones para tratar un proyecto generacionalmente trascendente.
A su criterio se apunta a que el gobierno pueda acceder a los fondos jubilatorios al derogarse la prohibición de préstamos al Estado y con esto se “empapelará el fondo de jubilaciones” para pagar la deuda externa, cubrir el saldo rojo o salvar el déficit de la Caja Fiscal.