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La discordia por una propiedad de 18 hectáreas que hoy es el área en donde “cae” el puente Héroes del Chaco data de hace décadas entre el pueblo Maká y la empresa Enrique Remmele SACI. La discusión vuelve tras la apertura de una investigación por parte de Contrataciones, para atender hoy una denuncia de los nativos, hecha ya en el 2021.
El abogado de los indígenas, Gustavo Colmán, señaló que desde el 2019 se planteó a los tres Poderes del Estado que el paso que une Asunción y Chaco’i afecta el cementerio de los nativos. Como prueba de que la propiedad les pertenece, presentó la Resolución N° 588/2013 del Instituto Nacional del Desarrrollo Rural y de la Tierra (Indert) con la cual se le adjudicó el área, que es la zona en la que se ubica el puente en Chaco’i.
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Indicó que ese documento fue judicializado por la firma citada y la justicia falló a favor de los Maká en tres instancias, incluyendo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en 2017.
Al respecto, Oscar Cataldi, directivo de la compañía, dijo que el juicio fue en contra de la adjudicación y no por el título de la tierra, que está a nombre de Remmele, inscripto en los Registros Públicos, razón por la que se mantiene vigente a la fecha dicho documento de propiedad.
Añadió que la Justicia falló a favor de la firma, en otra causa, al decidir que ya caducó la reivindicación del inmueble por parte de la Asociación Indigenista del Paraguay o el pueblo Maká, según el AI N° 135 del 17 de mayo del 2021 del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y Laboral, 4° Turno, del juez Carlos Alberto Lezcano.
Cataldi opinó que la raíz del problema es que el Indert otorgó sucesivos documentos que se superponían sobre las propiedades, una prueba más del país “de cinco pisos” (ya que Paraguay tiene en títulos más kilómetros cuadrados de los que realmente posee).
Precisamente, el Estado, a través de gestiones del Ministerio de Obras Públicas, indemnizó a la firma con G. 403 millones, vía Decreto N° 6680/2022 al estar afectada por la obra del puente y al haber mostrado su título sobre esa área. En cambio, no atendió a los Maka que también tienen documentos sobre esas tierras.
Al respecto, el defensor de los Maká puntualizó que la primera sentencia a favor de los nativos es del 2015 y le ratificó la propiedad porque se estipuló que se le da el mejor derecho.
No obstante, coincidió en que el Indert es uno de los entes culpables del problema. “El Indert no cumplió al no inscribir lo estipulado en la sentencia”, dijo.
Lamentó que la corrupción caracterizó a la institución, y eso se demuestra con el hecho de que varios de sus titulares se encuentran procesados ante la Justicia. ABC intentó conocer las gestiones sobre este tema, por parte del actual presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, pero este no respondió.
Ante este escenario de aparentes documentos superpuestos, el presidente Santiago Peña tiene el desafío de ordenar la casa y atender a los indígenas, cuyas tierras fueron afectadas por una obra estatal pero no fueron indemnizados.