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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) también desembolsó casi G. 18.000 millones a un grupo de consultoras que se encargaron de “fiscalizar” las obras del fracasado acueducto del chaco (fase 1), pero al parecer, las empresas adjudicadas tampoco vieron la mala ejecución de los trabajos.
Esto porque actualmente los 203 kilómetros de cañerías instaladas en el marco del fallido plan, desde Puerto Casado hasta Loma Plata, no sirven y nadie se está haciendo responsable hasta ahora de esta situación, Mientras tanto, los chaqueños siguen esperando la llegada del agua a sus comunidades.
El primer contrato para “inspeccionar” las obras se firmó el 18 de diciembre del 2013, durante la administración de Ramón Jiménez Gaona, con Consorcio Aguas del Chaco, integrado por Control SA, Electroconsult del Paraguay SA e Hidrocontrol SA, representado por Miguel Ángel Cardona Herreros y Enrique de Beitia, según los documentos oficiales.
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El monto del acuerdo con este grupo era inicialmente por G. 9.000 millones, pero a través de una adenda se le amplió el monto a G. 10.949 millones, que la empresa ya cobró totalmente, pese al fallido proyecto. En este sentido, el MOPC hasta aceptó la recepción definitiva, según los datos proporcionados por la institución, a través del portal de acceso a información pública.
El segundo contrato para fiscalizar la construcción del acueducto se adjudicó nuevamente al Consorcio Aguas del Chaco, el 27 de octubre del 2016, también durante la gestión del ex ministro Jiménez Gaona. En esta segunda contratación el MOPC le pagó otros G. 7.000 millones y le avaló el trabajo realizado por la empresa.
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Las obras que debían fiscalizar fueron rescindidas
El Consorcio Aguas del Chaco se encargó de los contratos a los Consorcio PS y Consorcio ABH SA-Taivo SA-Constructa SA, que ya han cobrado G. 70.750 millones por instalar las cañerías en los 203 km que tiene el proyecto fallido. El MOPC informó la semana pasada que se rescindió el contrato con estas firmas, pese a que ya les pagó la totalidad del contrato.
El Consorcio PS, representado por Óscar Soler Heisecke, fue contratado en 2012, durante la gestión de Enrique Salyn Buzarquis, para la instalación de tuberías y accesorios del tramo 1 del acueducto, desde Puerto Casado hasta el Km 101,4. El MOPC le rescindió el contrato pese a que ya le pagó G. 38.324 millones, que es el monto total de su contrato. El monto inicial de la adjudicación era por G. 30.948 millones, pero se le aumentó vía adenda.
El Consorcio ABH SA-Taivo SA-Constructa SA, representado por Nelson Chaves, fue contratado también en el 2012 para la colocación de las cañerías y accesorios del tramo 2, desde el km 101,4 hasta Loma Plata y también se le anuló el contrato luego de que se le haya desembolsado G. 32.426 millones, de los G. 35.008 millones que debía percibir. El monto original del contrato, también rubricado en 2012, era de G. 28.488 millones y se aumentó tras adendas.
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MOPC no da detalles sobre la rescisión de los contratos
Obras Públicas no dio mayores detalles de la rescisión de los contratos a través del portal de acceso a información pública, por lo que intentamos conversar al respecto con el ingeniero Pablo Adorno de la Unidad de Coordinación de Proyectos Agua Potable, Saneamiento y Obras Hidráulicas (CAPSOH) del MOPC, quien nos derivó con el departamento de comunicaciones, que tampoco respondió las consultas al respecto. También intentamos entrevistar sobre el tema con la ministra Claudia Centurión, pero tampoco respondió.
En este sentido, no se sabe si el MOPC realizará los reclamos correspondientes de la garantía del anticipo o la póliza de fiel cumplimiento de los contratos y tampoco informa si estas garantías están vigentes. Ni siquiera la fecha de rescisión informó la institución.
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Las obras de la fase 1 del acueducto costaron G. 413.995 millones en total (US$ 56,4 millones al cambio actual). En este caso, para la compra de cañerías, instalación de los tubos y la fiscalización se adjudicaron 11 contratos.
Asimismo, en las fases 2 y 3 del plan se invirtieron otros casi US$ 50 millones más, a través de 5 contratos, pero no pueden aún funcionar por las fallas de la fase 1 y se deben probar cuando esta primera etapa funcione. En este caso se encararon trabajos de conducción y distribución de agua a los centros urbanos del Chaco Central y varias comunidades.
Los desembolsos se concretaron durante la gestión de los exministros Enrique Salyn Buzarquis, Ramón Jiménez Gaona y Arnoldo Wiens.