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El Viceministerio de Transporte (VMT) del gobierno de Santiago Peña no ha demostrado ninguna intención de mejorar el servicio del transporte público del Área Metropolitana, pues mantiene frecuencias flexibles para los transportistas y oculta cuál es la circulación mínima obligatoria de los colectivos de cada línea. Se trata del “modus operandi” para impedir la denuncia formal contra reguladas, que se implementó ya en el mandato de Mario Abdo Benítez.
Este es el panorama que se desprende de los informes proporcionados a ABC vía Acceso a Información Pública (AIP), Expediente N° 75.319.
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El titular de VMT, Guido Benza, reportó que mantiene vigente las resoluciones N° 290/2021 y N° 58/2023 del exviceministro Víctor Sánchez. Una “legaliza” las reguladas y la otra, estipula sanciones irrisorias por incumplimientos en este servicio público, calificado como imprescindible (art. 130 de la Ley N° 1626 de la Función Pública).
En el caso de violación de la periodicidad de colectivos en las calles, Sánchez estableció la multa de 173 jornales por infracciones gravísimas, unos G. 17 millones, monto ridículo al considerar la cantidad de recursos públicos de todos los contribuyentes que el Estado transfiere a las concesionarias y el padecer que representa para los usuarios la deficiencia del servicio.
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Cabe recordar que en 2022, los transportistas cobraron US$ 39 millones en subsidios y este año, considerando la cotización del dólar y el precio del combustible, el monto sería mucho mayor.
La senadora Esperanza Martínez denunció ayer que las reguladas implican que los usuarios deban aguardar por los colectivos en paradas más tiempo de lo habitual, sin refugios ante la inclemencia del tiempo y expuestos a la inseguridad. Luego, los pasajeros deben viajar hacinados en las unidades, cuyo mantenimiento es dudoso y al parecer sin control ni castigo por las infracciones.
La legisladora denunció además que los transportistas dan indicaciones a los choferes de que no paren la marcha de los buses ante las personas con discapacidad. “Los colectivos no alzan a las personas en silla de ruedas o con muletas”, afirmó.
Añadió que se sigue incumpliendo el pasaje gratis para esta población, un derecho estipulado Ley N° 6556/2020 y el Decreto N° 4821 del 9 de febrero de 2021 que exonera del pago del pasaje a todas las personas del país en esa situación.
El panorama para los pasajeros es cada vez más incierto y más caro, denunció.
Opama anuncia manifestaciones
La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) planifica una serie de acciones con el objetivo de exigir transporte público de calidad, entre las cuales se encuentra volantear en paradas y subir a los buses a explicar reclamos e invitar a las movilizaciones, las manifestaciones incluirán cierre de calles para llamar la atención de las autoridades hasta lograr respuestas concretas, informaron.
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Entre las exigencias está el acceso como gremio a espacios de decisión, como lo son el Consejo de Tarifa Técnica (que define el precio del pasaje y subsidios) y el Consejo Ad Hoc, que analiza datos del billetaje.
