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El director jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante la administración de Nicanor Duarte Frutos, Juan Carlos Duarte, había informado que el 28 de julio del 2022 comenzó el juicio laboral de despido justificado de la funcionaria Fátima Leticia Saucedo Zelada, acusada de “planillerismo” debido a sus reiteradas ausencias, que tenían como motivo asistir a los actos proselitistas de Honor Colorado (HC). El forense Pablo Lemir incluso había confirmado irregularidades en los 47 certificados de reposo que presentó la funcionaria.
Sin embargo, Fátima Saucedo, conocida también como “hurrera” de HC y apodada en redes como “La Negra”, negoció con Yacyretá su retorno. El actual asesor jurídico, Eduardo González, explicó los motivos. “Ella era una funcionaria con estabilidad especial y tenía casi 19 años de funcionaria cuando el director anterior (Nicanor Duarte Frutos) tomó decisiones respecto a ella”, empezó diciendo.
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Indicó que se le habían abierto dos sumarios, “uno con respecto a un tema de tráfico de influencia o algo así”. “Nosotros, en la Asesoría Jurídica estamos tomando decisiones para aquellos juicios que ya tienen sentencia favorable a los funcionarios, o en aquellos en que puedan afectar los intereses de la institución, aquellos donde pueda ser perjudicada por decisiones que se toman a veces arbitrariamente”, explicó González.
Agregó que ya tuvieron varios casos parecidos y que, por ende, están llegando a acuerdos. “Y en este caso también, así como en otros, que necesitamos tener algún tipo de solución para no afectar intereses”, agregó.
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Por ello, señaló que en el caso de Fátima Saucedo, se acordó no pagarle absolutamente nada de salarios caídos. “Tenemos algunos sumarios que se han planteado y donde a ella no se le ha permitido el derecho a la defensa. Inclusive hay uno de ellos que era el tema de tráfico de influencia, que solicitó que se haga un peritaje como medio de prueba y no se le permitió hacer ese peritaje donde se afecta su derecho a la defensa”, explicó el asesor jurídico.
En cuanto al sumario debido a las ausencias de Saucedo, González explicó que se había abierto la investigación respecto a algunos días, pero que se le terminó castigándole por otros días. “Tampoco se le permitió justificar sus ausencias”, añadió.
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Asimismo, mencionó que hubo en el proceso una cuestión de prescripción. “La institución tenía 30 días para presentar la demanda desde que se tuvo conocimiento... y se metió la demanda pasado ese tiempo, con lo cual los resultados podrían ser lesivos a la institución”, acotó.
Debido a todo lo señalado, González argumentó que se hizo un acuerdo con Saucedo mediante el cual Yacyretá no le pagará nada de salarios caídos, y que “inclusive ella se hace cargo de los honorarios de su abogado y no se le considera el tiempo que estuvo fuera, para su antigüedad”.
Finalmente, el asesor jurídico de la binacional sostuvo que la hija de Aníbal Saucedo, otrora amigo personal de Duarte Frutos, fue reintegrada a la entidad con la misma con la misma categoría. “Creo que el acuerdo se firmó la semana antepasada, pero tenía que haberse notificado; entonces esta semana ella estuvo ya. Creo que desde noviembre tenía que empezar, entonces esta semana tuvo que haber empezado ya”, afirmó.
Antecedentes del caso
El 18 de julio del año pasado, ABC había publicado que Fátima Saucedo tuvo más ausencias que asistencias a su lugar de trabajo en lo que iba de ese año. Y que en ese mismo período recibió más de G. 200 millones en remuneraciones. Sin embargo, la mujer fue vista en actos proselitistas del movimiento Honor Colorado en horario laboral.
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Entre enero y el 15 de julio del 2022, los funcionarios de la EBY tuvieron 140 días hábiles, pero Saucedo Zelada se ausentó en 84 oportunidades y asistió solo 56 días.
En la citada publicación se contaba también que Fátima Saucedo es hija de Aníbal Saucedo, quien fuera cercano colaborador del expresidente Nicanor Duarte Frutos. Durante el gobierno de Duarte Frutos (2003-2008), el experiodista Aníbal Saucedo llegó a ocupar el cargo de consejero en Itaipú, pero se apartó del cargo debido a disputas con José María Ibáñez, entonces secretario privado del mandatario.
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Saucedo inició su acercamiento al entonces precandidato presidencial Horacio Cartes en 2010. Esa proximidad le valió que fuera nombrado nuevamente consejero en Itaipú, poco después de que el empresario tabacalero llegara al poder.
Fue esa misma cercanía la que permitió el ingreso a la EBY de Fátima Saucedo, pues la misma logró su nombramiento en la institución durante el gobierno de Cartes. En ese entonces, padre e hija recibían mensualmente remuneraciones por un total de casi G. 100 millones.
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Asimismo, en redes sociales, Fátima se mostraba como férrea fanática del movimiento Honor Colorado, encabezado por Cartes y cumplía funciones como fotógrafa del entonces precandidato cartista a la Presidencia de la República, actualmente mandatario, Santiago Peña.
El sumario administrativo que se le abrió reveló que en casi dos años, Fátima Leticia Saucedo Zelada, se ausentó en más de 100 oportunidades y que presentó un total de 137 justificativos médicos.
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Sin embargo, varias de las numerosas ausencias injustificadas y por reposo médico de Saucedo Zelada a su lugar de trabajo coincidieron con actos proselitistas y giras por el interior de país del entonces precandidato cartista Santiago Peña, de cuyo equipo de prensa formaría parte la mujer.
El 19 de julio del 2022, miembros de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) e integrantes de la organización civil Somos Anticorrupción Paraguay (SAPy) presentaron incluso una denuncia contra la funcionaria de la EBY, Fátima Saucedo Zelada, ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía. La denuncia apuntaba a la posible comisión de los hechos de cobro indebido de honorarios y estafa, de acuerdo a una gacetilla de prensa publicada por las organizaciones de la sociedad civil.
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La denuncia fue firmada por la abogada María Esther Roa, titular de la Coordinadora de Abogados, y por Carmen Rodríguez, secretaria de la organización.
El asesor jurídico de la EBY, Juan Carlos Duarte, durante la administración de Duarte Frutos, había contado por aquel entonces que ya tenían conocimiento de la supuesta planillera de la binacional y que “ya no le estaban aceptando los reposos” a Saucedo últimamente. Reconoció que el sumario administrativo contra la funcionaria se inició a partir de la publicación periodística. “Si ella es encontrada culpable por estos casos, nosotros tenemos la obligación de ir al fuero judicial, porque tiene estabilidad laboral”, resaltó entonces Duarte en conversación con radio ABC Cardinal 730 AM.
Ese mismo mes de julio, la EBY anunció la suspensión de la funcionaria debido a que detectaron supuestas irregularidades en las numerosas ausencias de la misma en su lugar de trabajo. Además, un perito médico confirmó la existencia de incongruencias en los justificativos presentados por la misma y se inició el proceso judicial para el despido justificado debido a su antigüedad, indicó la EBY.