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El comunicado del MEF, cuyo titular es el ministro Carlos Fernández Valdovinos, expresa que el acuerdo es resultado de la serie de reuniones que desde el 25 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2023 llevaron a cabo las autoridades paraguayas y una misión del Fondo, como parte de la segunda revisión del PCI, sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del organismo internacional.
Señala que durante estas reuniones, “las autoridades paraguayas presentaron la solicitud del Gobierno de acceder a recursos financieros bajo el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad por un monto del 150 por ciento de la cuota (DEG 302,1 millones)”.
El comunicado explica que el nuevo mecanismo apoyaría los esfuerzos de nuestro país en su objetivo de lograr un desarrollo sostenible a través del aumento de la resiliencia de las inversiones públicas, la movilización de recursos financieros para apoyar los esfuerzos de adaptación y mitigación, la contención de los riesgos climáticos para el sector financiero, la preservación y expansión de la matriz de electricidad limpia del país y la conservación de sus bosques.
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“Las medidas de reforma se coordinarán estrechamente con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y otros organismos internacionales”, agrega.
Indica que el mecanismo proporciona recursos con vencimientos más largos y términos asequibles, al tiempo que ayuda a catalizar financiamiento climático crítico de otros socios oficiales y privados.
Políticas para completar segunda revisión
El MEF refiere que en las reuniones se discutieron las políticas necesarias para completar la segunda revisión del PCI, logrando un acuerdo a nivel del personal técnico, para su puesta en consideración en el directorio ejecutivo del FMI en las próximas semanas.
“Hasta la fecha, se resalta el cumplimiento de la mayoría de los compromisos de la agenda de reforma estructural del PCI, entre los cuales se destacan, entre otras: la incorporación por parte del Gobierno de un número significativo de contribuyentes, grandes y medianos, al Sistema Integrado de Factura Electrónica Nacional (SIFEN), superando el umbral previsto; la promulgación del reglamento administrativo de la nueva Ley de Suministros y Compras Públicas; la finalización y presentación ante el Congreso Nacional de un proyecto de ley destinado a la reorganización de la estructura del Estado”, afirma.
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Explica que, adicionalmente, las autoridades están trabajando en una versión actualizada de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), así como en el avance del diseño y presentación de un proyecto de ley destinado a la formalización de trabajadores dependientes de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y trabajadores independientes.
También menciona que las autoridades plantearon ampliar la agenda de reformas estructurales hasta mediados de 2025 abarcando el análisis de gastos tributarios, acciones en la gestión de las finanzas públicas para asegurar el registro de los gastos devengados, la promoción de alianzas público-privadas (APP) para la infraestructura, acciones para combatir la corrupción, así como mejoras en los sistemas de información de los programas sociales.