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En la tarde del miércoles último, integrantes del gabinete del presidente de la República, Santiago Peña, se reunieron con el cacique único de los Maká, Mateo Martínez Mateiko, y sus abogados para interiorizarse sobre la denuncia de invasión de su cementerio con el puente “Héroes del Chaco”. El encuentro se desarrolló en Mburuvicha Róga.
La reunión estuvo encabezada por la jefa de gabinete, Lea Giménez, quien estuvo acompañada por el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno Rodríguez; la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión; el director de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, y el procurador, Marco Aurelio González, según confirmó este último.
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El abogado de los Maká, Gustavo Colmán, comentó que les informó sobre la lucha del pueblo para acceder a las 335 hectáreas que el Estado les concedió en 1944, vía Decreto N° 2190, como un reconocimiento al pueblo indígena por el apoyo a Paraguay en su triunfo durante la Guerra del Chaco.
Ese sitio se otorgó a los indígenas por su elección y lo eligieron porque allí yacen sus antepasados, según mencionó.
Añadió que no es recién ahora que lo denuncian, sino que dispone de un frondoso legajo de notas presentadas durante años ante diferentes instituciones de los tres Poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En esta ocasión, coincide en que ABC había requerido los informes conclusivos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) sobre la denuncia planteada por los Maká en 2021. La nota planteaba impedir el avance de obra sobre su propiedad.
En ese entonces se elaboró un dictamen jurídico con el cual se recomendaba una verificación contractual, indagación que se inició recién hace un mes.
Las violaciones
La denuncia de los Maká tiene dos puntos centrales, la falta de acceso a sus tierras, otorgadas vía decreto, y la violación del protocolo de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado (CCPLI), que garantiza la participación de los indígenas en decisiones que son de su interés, estipulado por la Constitución Nacional, y por el Convenio N° 169 de la Organización de Internacional del Trabajo (OIT).
Ambos puntos son declarados como derechos básicos por las Naciones Unidas, pues son clave para mantener las costumbres y tradiciones de los nativos, y que el Estado -y no el gobierno de turno- tiene la obligación de cumplir y garantizar.
Ante estos hechos, la defensa legal de los Maká había iniciado los trámites de juicio contra el Paraguay.
Hermetismo en el Ejecutivo
ABC intentó obtener un reporte oficial referente al encuentro entre integrantes del Gabinete de Presidencia y los representantes del pueblo Maká, pero no fue posible. Desde la Dirección de Comunicaciones se reportó que fue un primer contacto y que por el momento no había nada para comunicar.
Al solicitar copia de las fotografías tomadas durante el encuentro, la respuesta obtenida fue que esas imágenes fueron eliminadas.
Sin embargo, conforme a fuentes consultadas, se trata de una estrategia para impedir que se informe públicamente sobre quiénes fueron todas las personas que participaron en la reunión.
Asimismo, resultó llamativo que -conforme a la versión oficial- estuvieron ausentes los presidentes del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y el Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Marlene Ocampos y Francisco Ruiz Díaz, respectivamente. Resulta que ambas autoridades son actores clave en la validación de la denuncia planteada por los Maká.
Por otra parte, cabe recordar que el Indi notificó al Ministerio de Obras Públicas el no consentimiento del pueblo a la construcción del puente “Héroes del Chaco”, vía Nota N° 746/2022.
Además, las comisiones de Pueblos Indígenas del Senado y Diputados solicitaron informes a diferentes instituciones del Ejecutivo para indagar sobre presunta invasión al cementerio Maká.