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La semana pasada, los integrantes de las comisiones de Pueblos Indígenas del Senado y Diputados requirieron informes a instituciones dependiente del estado relativos a la presunta invasión del cementerio de los Maká con el puente “Héroes del Chaco”. El impacto de la obra fue denunciado por los indígenas en 2020, pero ahora resurge el tema ante el inicio de trámites para un juicio contra el Estado.
El senador Orlando Penner, presidente de la comisión de pueblos indígenas del Senado, encabezó la reunión ordinaria desarrollada de manera virtual. Participaron los senadores Rafael Filizzola, Javier Vera y Hermelinda Alvarenga. En el encuentro, los legisladores decidieron aguardar informes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y del Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Por su parte, el diputado Pastor Vera Bejarano, presidente del organismo en Diputados, aprobó tres pedidos de informes a distintas instituciones, con el objetivo de conocer el impacto del puente al pueblo Maká. Los requerimientos van dirigidos al MOPC, Indi y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
El pueblo Maká reclama 335 hectáreas que el estado paraguayo le cedió vía Decreto N° 2190/1944 firmado por el entonces presidente Higinio Morínigo, como gesto de agradecimiento por su apoyo en el triunfo de la Guerra del Chaco (1932-1935). En 2009, el Indert le concede el título de 104 hectáreas y queda la promesa del resto de la propiedad y hoy, a casi 8 décadas del obsequio, los indígenas siguen aguardando el acceso formal a la propiedad.
El cacique único del pueblo Maká, Mateo Martínez Mateiko, lamentó que se realizaron diversas denuncias pero no se impidió el avance de las obras del puente, incluso a pesar de que se les advirtió que allí se encontraban los restos de sus antepasados así como del general ruso Iván Belaieff, quien colaboró con el Paraguay en el conflicto bélico contra Bolivia.
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La construcción se desarrolló sin que se implemente el protocolo que garantiza su participación, que es el de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado (CCPLI). Se trata de la herramienta jurídica que reglamenta lo estipulado en el Capítulo V de la Constitución Nacional y en concordancia con lo establecido en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1989, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, 2007.
El cacique solicitó a principios de este mes una audiencia con el presidente Santiago Peña, y hasta el momento no tuvo retorno.
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