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El Sindicato Nacional de Trabajadores de Copaco (SINTRACO) remitió la semana pasada una nota al procurador general Marcos Aurelio González, para solicitar una audiencia en la que se pueda tratar la posibilidad de recuperar la propiedad de 20 hectáreas que la telefónica pública había perdido, tras una expropiación que se concretó desde el Congreso hace más de tres años. Dicho terreno se encuentra ubicado en la compañía de Isla Bogado de la ciudad de Luque.
“Ante los hechos suscitados conforme al veto presidencial de las tierras vip de Villa Hayes, nos renace la idea de recuperar las tierras de Copaco SA de Isla Bogado, Luque, que afectan a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima”, resalta la nota y que tiene la firma de Óscar Nelson Nalerio, secretario general del citado gremio.
En el escrito, el dirigente sindical explicó que la Cámara de Senadores había aprobado la expropiación del mencionado inmueble de la estatal y que dicha acción de la cámara alta “dejó un nefasto precedente contra la previsibilidad jurídica y la propiedad, afectando no solo a la compañía telefónica en sus activos, sino también al país en el aspecto de seguridad jurídica para inversiones, por sobre todo en un momento tan delicado de coyuntura sanitaria, social y económica a nivel mundial”.
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Añadió que esta expropiación se concretó tras una sanción ficta del proyecto de ley en la cámara de diputados y que, a raíz de eso, fue promulgada por el Poder Ejecutivo en 2020, cuando Mario Abdo Benítez ejercía como presidente de la República. Resaltó que como representantes de Sintraco han exhortado en su momento al directorio de Copaco para que impulse la inconstitucionalidad de la ley, pero que no lo hicieron.
Iniciativa del Frente Guasú
Asimismo, añadió que la confiscación de la propiedad se aprobó luego de que representantes del partido Frente Guasú, liderado por el senador Sixto Pereira, lo hayan impulsado sin reunir las condiciones jurídicas previstas en la ley de Expropiación N° 5832/2017, “configurando no solo un despojo a la telefonía, sino también una abierta violación a la ley de expropiación, quebrantando el Art. 6 de la reglamentación, que establece una antigüedad mínima de ocupación de 5 años”.
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“Es sabido que el predio fue ocupado por invasores en mayo del 2018 y, a través de una investigación fiscal, se procedió al cese del hecho antijurídico, mediáticamente conocido como desalojo. Para dicho procedimiento, Copaco no solo incurrió en cuantiosos gastos, sino también destino profesionales de diversas áreas ocasionándoles durante los meses que duró la ocupación diversos contratiempos e imprevistos. Finalmente los invasores desocuparon las tierras en marzo del 2019″, aseveró.
“El desafortunado proyecto de expropiación, no solo viola las leyes, sino también omite un informe del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), que claramente alude la falta de todas las condiciones para un proyecto de expropiación”.
Actualmente, Copaco cuenta con su planta receptora en dicho predio, el depósito de materiales y grandes almacenes de insumos y transportes por un valor aproximado de 5 millones de dólares.
“Realizamos la presente petición, de revisión del despojo a Copaco por ser ilegal e injusto, además tenemos conocimiento que dicha ley fue mal redactada por error en los números de finca. Por lo que en atención a sus atribuciones constitucionales de representación y defensa del patrimonio del estado solicitamos poder tratar en audiencia los puntos mencionados”.