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El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar) Eddie Jara, y el gerente general de la estatal William Wilka, siguen en silencio sobre el pago de US$ 1,5 millones que la petrolera pública debía reclamar a la empresa AP SA, de Andrea Lafarja, luego de que la firma no presentara la póliza de fiel cumplimiento del contrato y que fue la causa de la rescisión del contrato de provisión de gasoíl.
La empresa de la deportista contrajo esta obligación con la estatal en una declaración jurada de mantenimiento de oferta que presentó como parte de su propuesta, según está escrito en los documentos oficiales. No obstante, las autoridades de Petropar siguen sin responder si ya exigieron la garantía o no.
Según el pliego de bases y condiciones (PBC), ese pago debía reclamarse en caso de algunos incumplimientos “contra recibo de la primera solicitud por escrito por parte de la convocante (Petropar), sin que ésta tenga que justificar su demanda”. Entre los incumplimientos para exigir los US$ 1,5 millones a la empresa de Lafarja figura la no presentación de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, exigencia que la empresa desatendió.
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De acuerdo con expertos consultados, si Petropar no reclama el monto establecido en la declaración jurada de mantenimiento de oferta, estaría incurriendo en un posible daño patrimonial, pues, con esa caución asegura que los oferentes presenten ofertas serias y solventes.
DNCP cuestionó la presentación de declaración jurada
La empresa AP SA presentó como garantía de mantenimiento de oferta una declaración jurada, hecho que ya fue cuestionado por Contrataciones Públicas en su momento, porque, según el ente, la firma debía presentar una póliza de seguro o una garantía bancaria.
Si la firma de Lafarja hubiese presentado una póliza de seguro o una garantía bancaria, Petropar debía reclamar los US$ 1,5 millones a una aseguradora o a algún banco de plaza, pero como presentó una declaración jurada, la empresa estatal debe reclamar ese pago a AP SA. Según se sospechó en su momento, la firma AP SA no tendría el capital para contratar una “garantía real”, por lo que le permitieron la presentación de la declaración jurada.
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Patrimonio de la empresa no cubre la caución
La empresa de Andrea Lafarja fue beneficiada para proveer hasta 70.500 metros cúbicos de diésel automotriz, de calidad tipo A, a la estatal a un precio de US$ 730,9 por metro cúbico; es decir, por un monto máximo de US$ 51,5 millones. Pero Petropar rescindió el viernes último el contrato que firmó, porque la firma no presentó la garantía de fiel cumplimiento, según la estatal.
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Ante ese incumplimiento, la petrolera pública debe reclamar la garantía de mantenimiento de oferta por un monto de US$ 1,5 millones. Sin embargo, el patrimonio de AP SA es de solo US$ 915.021, según el informe de evaluación de Petropar a la oferta de la firma, con lo cual no se podrá cubrir la caución de referencia . Uno de los cuestionamientos a esta operación fue que la estatal adjudicara el contrato a una empresa que un cumplía con esa exigencia.