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El dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso deberá elevarse a fin de mes a la consideración de la Cámara de Diputados, primero; y de la Cámara de Senadores posteriormente, para que en esas instancias se decida sobre el proyecto de PGN 2024.
El organismo asesor cerró el periodo de audiencias el pasado lunes 16 de este mes y desde hoy se abocará a definir sobre los pedidos que fueron planteados por las diversas instituciones públicas.
Los últimos datos que dio a conocer la bicameral indican que los pedidos adicionales requeridos por las entidades públicas para el PGN 2024 ascienden a más de US$ 318 millones, quedando aún pendientes las solicitudes que iban a presentar las gobernaciones.
Además, están los montos que fueron expuestos en las audiencias como necesidades para cubrir determinados déficit existentes, sin que hayan sido solicitudes oficiales para que sean incorporados al proyecto. En ese sentido, el monto supera los US$ 887 millones.
Costo de alimentación escolar y radarización del país
Este grupo incluye US$ 500 millones al año para financiar alimento escolar para todos los estudiantes del país, según dijo en la audiencia el ministro Luis Fernando Ramírez del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC); en tanto que los gobernadores hablaron de US$ 281 millones, para cubrir el déficit que tienen para dar la alimentación escolar.
También el Ministerio de Defensa Nacional indicó que US$ 100 millones costaría radarizar todo el país, la Senad habló de US$ 10 millones para dotar de tecnología a la institución y la Cancillería US$ 6,5 millones para gastos no previstos en el proyecto, como la reunión del Mercosur y otros.
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) enviará a la bicameral una adenda para cumplir con el acuerdo que al que llegó con los gremios docentes.
Las versiones manejadas en la comisión legislativa apuntan a que el proyecto de ley de presupuesto 2024 sería aprobado a libro cerrado, eso con la intención de evitar que se aumente el gasto.
El Ejecutivo presentó un proyecto de G. 112,5 billones (US$ 15.276 millones), con déficit fiscal del 1,5% del PIB e incluyendo un artículo que autoriza elevar el saldo rojo a 2,6%, que representa unos US$ 1.204 millones.