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El informe de la Fundación Dende explica que los gastos en pensiones no contributivas pasaron de G. 266.933 millones a poco más de G. 2 billones entre el 2003 y el 2022, monto que representa un crecimiento de 7,7 veces en ese periodo.
La cantidad de beneficiarios, por su parte, pasó de 23.058 a 284.602 personas asistidas en esas dos décadas, lo que implica que el número se multiplicó por más de 12, resalta la organización privada.
El análisis indica que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), del total de 522.342 adultos, mayores de 65 años y más, registrados en el 2022, el 61,4% habría recibido una pensión/jubilación, y que el 14,7% correspondió a un ingreso por pensión contributiva. El porcentaje restante fue cubierto con pensiones del tipo no contributivo.
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Señala que la institución responsable de las pensiones no contributivas es el Ministerio de Economía y Finanzas (antes Ministerio de Hacienda), a través de la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC), creada por Ley N° 2345/03 de Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal, del 24 de diciembre de 2003.
¿Qué son las pensiones no contributivas?
El estudio explica que las pensiones no contributivas son aquellas transferencias monetarias dirigidas principalmente a las personas adultas mayores, veteranos y herederos que el Estado otorga a personas que no hayan contado con un trabajo formal, no hayan realizado aportes contributivos a un sistema previsional durante su vida laboral, o como herencia (en caso de fallecimiento de algún familiar miembro de las fuerzas armadas o policiales), de manera a mantenerlos fuera de una situación de pobreza.
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que para el 2019, el promedio de personas mayores de 65 años que recibieron una pensión en América Latina y el Caribe fue de 68,8%, mientras que el Paraguay registró una cobertura de 55,9%, y que el 22% correspondió a la cobertura contributiva y el 33,8% a la no contributiva.
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Las pensiones no contributivas son un componente sumamente esencial de la política social paraguaya, y se encuentran diseñadas para brindar apoyo económico a las personas en situación de vulnerabilidad, y/o sin acceso a un sistema de pensiones contributivas.
Los beneficiarios sumaron 284.602 al cierre de 2022
Al mes de diciembre de 2022 había 13 tipos de pensiones, con un total de 284.602 beneficiarios.
Añade que cada población objetivo cuenta los requisitos necesarios para acceder a una pensión no contributiva, entre los que se consideran: contar con nacionalidad paraguaya o naturalización, o bien ser extranjero con al menos 30 años de residencia; edad entre 60 y 65 años (para las pensiones graciables y las pensiones para adultos mayores respectivamente); encontrarse en una situación de vulnerabilidad social; no sin deudas con el Estado ni casos judiciales pendientes; y no recibir algún ingreso del sector público o privado (sueldo, jubilación, pensión o seguro social).
El análisis de la fundación Dende sostiene que el aumento de los gastos en esta materia es de esperarse, considerando que una amplia parte de la población no cuenta con aportes a un sistema contributivo y/o se desempeña informalmente, por lo que luego de alcanzar el fin de su vida laboral se exponen a situaciones de vulnerabilidad al no poseer ningún beneficio. Por este motivo, las pensiones gubernamentales se constituyen como el pilar principal de la protección social del país, producto de la muy baja cobertura del régimen previsional vigente.
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A pesar del efecto positivo de la “ayuda alimenticia” que las pensiones no contributivas otorgan a sus beneficiarios, el estudio dice que también se deberían tener en cuenta los posibles efectos negativos que podrían generar, tales como el desincentivo al empleo, la falta de ahorro personal provisorio para el retiro, y la continuidad de la pobreza al no abordar las causas que realmente la provocan.
Por otra parte, menciona que el “éxito” de las pensiones no contributivas es producto de la ineficacia del sistema previsional contributivo y que debido a eso aún podemos ver que el 30,8% (aproximadamente 161.000 personas) de la población de 65 años y más, carece de cobertura alguna.
“Finalmente, es importante recalcar que el objetivo no debería ser la protección a los grupos vulnerables a través de las pensiones no contributivas, sino que debería ser tan solo el complemento a las pensiones contributivas. Para esto, se requiere que la normativa laboral se cumpla, asegurando así el acceso de los trabajadores a un sistema previsional que permita, tanto a empleados como a sus familias, acceder a recursos para mantener una adecuada calidad de vida, sentando las bases para un funcionamiento más equitativo y sostenible del sistema”, puntualiza Dende.