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En poco más de dos semanas, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), el Estado paraguayo deberá remitir la información que requirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según el abogado patrocinante Alejandro Vera.
El pasado 22 de setiembre, a través de la Nota PDG N° 905/2023, el Procurador General de la República, Marco Aurelio González, solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Manuel Diesel, un informe técnico jurídico circunstanciado sobre las actuaciones realizadas en el expediente “Francisco Rubén Penayo Almada C/ Itaipú Binacional S/ amparo constitucional”, como también una copia digital del expediente.
Al respecto, Vera indicó que se está ante un acontecimiento importante para el desarrollo de la transparencia administrativa en el país. “Esta situación podría significar un precedente que regule el ejercicio administrativo de las entidades binacionales en relación a la publicidad de sus actuaciones, lo cual es un derecho garantizado en nuestro ordenamiento jurídico nacional, que tiene su origen en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, cuyo contenido forman parte de la legislación paraguaya”, dijo.
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Contó que están expectantes ante el informe que el Estado paraguayo remitirá a la CIDH, con el optimismo y la confianza de que los representantes de la PGR comprenderán la relevancia que dicho documento tendrá para la ciudadanía.
El abogado patrocinante indicó también que la Corte Suprema de Justicia ya remitió la copia digital del expediente a la dirección de Derechos Humanos de la misma institución y que ahora se aguarda el informe técnico circunstanciado, que también fue requerimiento de la PGD.
Según Rubén Penayo, titular de la Sociedad de Comunicadores, solicitaron la información a la binacional ya en el 2021, y un año después, ante la falta de respuesta, demandaron a Itaipú ante la CIDH el 3 de mayo del 2022, luego de recurrir también a instancias judiciales locales.
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Explicó que todo lo vinculado con el sentido de los votos de los consejeros de la binacional, o argumentaciones, fueron denegados. En primera instancia, el gremio ganó la demanda, en segunda perdió y en tercera, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó in limine litis.