El asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Eduardo González, presentó hoy un informe de gestión sobre las principales acciones que llevan adelante en los primeros meses de la administración del director ejecutivo de la institución Luis Benítez y de la presidencia de Santiago Peña.

Según un reporte de la binacional, González realizó una exposición sobre el estado en que encontró la institución la nueva administración el pasado 15 de agosto, en lo que refiere a recursos humanos, e informó las decisiones que tomaron hasta el momento. Dijo que decidieron llevar adelante un proceso de reestructuración de los Recursos Humanos en la oficina a su cargo.

Además, informó que en la Asesoría Jurídica se encontró con 146 personas, de los cuales 128 estaban nombrados, 12, contratados, y dos comisionados, que implicaba una erogación mensual superior a G. 4.969 millones, sólo en el pago de salarios. A ellos se sumaban cinco asesores especiales, que en total percibían G. 67 millones. “Indicó que ante esta situación, se tomó la decisión de rescindir contrato, desvincular a un grupo y cortar beneficios que no correspondían, como el pago de dedicación funcional. Con eso se logró un ahorro mensual de G. 546 millones”, se lee en la gacetilla oficial.

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Consultada la entidad sobre la cantidad exacta de desvinculados con esta medida, respondieron que fueron 18 funcionarios, además de los cinco asesores especiales.

Otros ahorros en la EBY

Durante la presentación, González resaltó el acuerdo logrado en un juicio caratulado Blas Mateo Alonso y Hermenegildo Giménez c/ la EBY sobre reconocimiento de antigüedad y otros derechos.

La institución tenía una condena de G. 8.393 millones, que con la contingencia a la fecha ascendían a G. 11.123 millones, pero acordó el pago de G. 4.091 millones, alcanzándose así un ahorro de G. 7.032 millones.

Asimismo, la coordinación judicial logró sentencia favorable en un caso de abril del 2013, en el que el entonces director de la EBY, Enrique Cáceres, se comprometió a abonar a Wildo Alberto Giles G. 4.904 millones. El pasado 10 de octubre, el juzgado en lo Civil y Comercial del vigésimo turno dispuso el rechazo de la demanda. “De confirmarse la Sentencia Definitiva, la EBY se estaría liberando de pagar un monto de G. 20.189.843.824 al demandante”, indicaron.

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González también se refirió a los embargos laborales duplicados detectados en al menos cuatro juicios, por un monto de G. 2.949 millones.