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La titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, se reunió ayer en horas de la tarde con directivos del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) para tratar la situación de la hidrovía.
Al término de la reunión fue vocero el presidente del citado gremio, Raúl Valdez, quien señaló que actualmente las facturas emitidas por el país vecino para el cobro irregular del peaje ya llegan a casi US$ 20 millones.
“Nosotros estimamos que estaría alrededor de 16 o 20 millones de dólares, eso no significa que se haya pagado efectivamente todo eso. Recordemos que gran parte de esas facturas no están siendo pagadas por los armadores, justamente, en rechazo a una medida que nosotros consideramos ilegal”, expresó.
Al mismo tiempo, señaló que algunos armadores se ven obligados a pagar por las medidas extorsivas del país vecino. “Cada día son más los armadores que están pagando, justamente cediendo un poco ante las medidas extorsivas, como recordemos las interdicciones de las cuales fuimos víctimas en las últimas semanas”, expresó.
Peaje ilegal en hidrovía costará US$ 50 millones
Asimismo, volvió a insistir en que el impacto que tendría este peaje en el comercio paraguayo es de US$ 50 millones al año y dijo que “alguien terminará pagando” el monto. En este sentido, precisó que ese dinero lo pagarán el armador, a través de la tarifa de flete, y llegará hasta los diferentes actores de la cadena económica.
“Nosotros observamos que hay 50 millones de dólares que alguien tiene que terminar pagando y eso definitivamente pasa desde el armador a través de la tarifa de flete a los diferentes actores de toda la cadena económica”, expresó.
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Por otro lado, el empresario señaló que están alineados a la política del Gobierno por “las determinaciones y la firme postura que se está llevando adelante con respecto al tema del peaje en la hidrovía”. Mencionó, además, que la hidrovía tiene proyección de crecimiento y toda una región se desarrollará a través de ese eje clave, pero “si no hay institucionalidad eso no se va a dar”.
“Estamos hablando de un grave problema de institucionalidad que debe ser resuelto”, alertó Valdez, respecto a las medidas arbitrarias de Argentina. Recordó que hay una tasa que se cobra desde Santa Fe al Sur, que entienden que sí tiene contraprestaciones de servicio efectivas.