Ley de créditos de carbono: piden analizar impacto económico y social

En el parlamento nacional está en pleno debate la Ley de créditos de carbono. Desde la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod) piden a los legisladores, tener en cuenta cuáles podrían ser el impacto económico y social para el país. Alegaron que el costo para una certificación es muy alto.

En Paraguay se practica la siembra conservacionista, pero hay zonas donde siguen disqueando y rastroneando suelos.
En Paraguay se practica la siembra conservacionista, pero hay zonas donde siguen disqueando y rastroneando suelos.Archivo, ABC Color

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Esta cuestionada se encuentra aún en el Senado. Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) dijo en ABC TV que el temor es que detrás de la Ley de créditos de carbono, vengan barreras arancelarias al comercio.

También se puede ver disminuida de la demanda laboral. Destacó que el proyecto de normativa pudo ser debatido y hubo modificaciones en los artículos 10 y 15 para la salvaguarda de compromisos internacionales.

“Pedimos el análisis del impacto económico y social, así como atender los temas de donaciones del exterior. Por lo que capturamos en cuestión de carbono sí podría funcionar, pero esto va a ser complejo y hay que evitar abusos que compliquen al país”, indicó.

Héctor Cristaldo, pdte. de UGP y Jorge Martínez, asesor de Fecoprod en ABC TV.
Héctor Cristaldo, pdte. de UGP y Jorge Martínez, asesor de Fecoprod en ABC TV.

Certificación puede costar entre U$S 250 mil a 500 mil, según asesor de Fecoprod

Jorge Martínez, asesor en temas ambientales de la Fecoprod, explicó cómo funcionaría esta ley. “Existe un derecho a emisión de dióxido de carbono, que con esta ley lo dejaría de emitir con un cambio tecnológico. En Paraguay se puede hacer cambios en el uso de la tierra, si uno opta por no producir, esa emisión se convierte en un crédito que puede ser comercializable, y lo que uno deja de emitir puede vender a otro país o empresa”, detalló.

Recalcó que de sancionarse, el Ministerio del Ambiente tendrá mas trabajo para crear un decreto reglamentario y establecer cuáles son las certificadoras de acá y otros internacionales para evaluar si puede acceder al crédito. Además, el Mades, tiene que ver cómo se tendrá un sistema de contabilidad y absorciones.

“Armar un plan de costo, con la certificación cuyo costo oscila entre U$S 250 mil a 500 mil. No todos podrán, uno tiene que ser sujeto a condiciones, para ser analizado en el proceso”, manifestó.

Por último mencionó que es importante analizar cuando hay extranjeros detrás, por las otras intenciones que puedan tener.

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