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La nueva cartera económica a través de dos comunicados emitidos por la Dirección de Administración del Capital Humano y Capacitación (DACHC), a cargo de Luz Bella Cardozo, expresa a los funcionarios permanentes y contratados interesados en acogerse al sistema de desvinculación, a completar el formulario con sus datos personales.
La desvinculación de funcionarios permanentes se llevará a cabo en el marco de lo que dispone la Ley N° 7158/2023 que crea el Ministerio de Economía y Finanzas, que en su artículo 12 establece reglas especiales sobre el personal.
El inciso 4 de la referida ley autoriza al MEF a los efectos de una mejor utilización de los recursos y para promover la eficiencia en el funcionamiento del Estado, a realizar una reingeniería del capital humano, con carácter de excepción a lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes que rigen en la materia y de acuerdo con la disponibilidad de recursos, para la implementación de un sistema de desvinculación laboral anticipada de los funcionarios de las instituciones que pasarán a formar parte del citado ministerio.
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“Estas medidas se aplicarán a aquellos funcionarios que manifiesten su voluntad expresa de acogerse a ellas”, dice la nueva legislación.
La desvinculación anticipada fue incluida con la finalidad de reducir el número de funcionarios, como parte de un proceso de reforma encarada por el nuevo gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, que luego abarcará a otras entidades.
Tras la fusión del Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría de la Función Pública, se creó el Ministerio de Economía y Finanzas con un total de 1.225 funcionarios permanentes y 236 contratados.
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Ministerio de Economía comunicó a funcionarios y contratados
La comunicación se realiza a todos los funcionarios permanentes y el personal contratado y según consultas realizadas a técnicos de la institución, se está todavía trabajando en la reglamentación de la ley, en el procedimiento a ser ejecutado y los montos a ser abonados, entre otros detalles.
En el caso del personal contratado, la DACHC indica que será implementado a través del “programa de retiro incentivado”, establecido en el Decreto N° 8759 que reglamenta la Ley N° 7050/23 de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023.
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Señala que el referido decreto establece que los retiros incentivados incluye “el pago de retiro del personal contratado con más de diez años de antigüedad”.
El comunicado de la nueva institución fue emitido el último miércoles 13 y en ella expresa que la fecha límite para que, tanto funcionarios como contratados, se inscriban y completen el formulario de manifestación de interés es el próximo viernes 22.
Retiro voluntario establecido en ley de presupuesto
A diferencia de la Ley 7158/23 que crea el Ministerio de Economía y Finanzas, la Ley N° 7050 de Presupuesto General de la Nación 2023 establece que los organismos y entidades del Estado, de acuerdo a la disponibilidad de créditos presupuestarios, podrán implementar el retiro voluntario de funcionarios públicos de la carrera civil, dispone requisitos y condiciones, así como prohibición para reingresar a la administración pública.
La ley dispone que los que se acojan al retiro tendrán derecho a una compensación para su desvinculación laboral, sin perjuicio de la jubilación o devolución de aportes de acuerdo al régimen legal de las respectivas cajas de jubilaciones.
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Establece que por cada 3 funcionarios que se acojan al retiro voluntario, el Equipo Económico Nacional habilitará un cargo vacante previsto en el anexo del personal del organismo y entidad para la incorporación de funcionarios, mediante los procedimientos previstos en las disposiciones legales vigentes.
Los requisitos para el retiro son los siguientes: los funcionarios permanentes que tengan cumplidos hasta 59 años de edad y más de 20 años de antigüedad en la función pública; así como los que tengan 65 de edad y más, y no reúnan los años de aportes requeridos para la jubilación obligatoria.
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También establece que los funcionarios que se hayan acogido al régimen jubilatorio no podrán ser reincorporados a la administración pública, con las excepciones previstas la ley de la función pública y su modificación.
Además, los funcionarios que se hayan acogido al retiro voluntario no podrán ser incorporados a la administración pública por 10 años, salvo para el caso que ocupen cargos de conducción política.