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El Ing. Ricardo Canese presentará mañana, a las 10.00, una denuncia a la Fiscalía General del Estado sobre varias irregularidades que fueron detectadas en el marco del contrato de duplicación de la Ruta PY02, que es la primera obra que se ejecuta en el país, a través de la Ley Nº 5.102/13 de Alianza Público Privada (APP).
Se trata del informe que fue elaborado por el Ing. Hermann Pankow sobre graves irregularidades en el tramo concesionado entre Ypacaraí y Caaguazú (149,5 km).
Esta obra fue adjudicada durante la presidencia de Horacio Cartes al consorcio Rutas del Este, integrado por Sacyr (España), Mota Engil (Portugal) y Ocho A (Paraguay), único oferente que se presentó en la licitación, pese a que arrimó una elevada oferta. Para que se le adjudique, el pliego tuvo 14 adendas, según la denuncia.
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Asimismo, durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez, el consorcio fue beneficiado con cuatro adendas, que modificó el contrato firmado con llamativos privilegios al grupo empresarial. Incluso, durante el Gobierno anterior, el MOPC permitió que la portuguesa Mota Engil ceda sus acciones a Ocho A, del senador Luis Pettengill (cercano del expresidente Abdo Benítez), que se quedó con el 40% del consorcio tras esta operación.
Esto violó la ley APP e incluso el contrato firmado, pues la cesión de las acciones de las contratistas solo se podía concretar una vez culminadas las obras, que hasta la fecha no ocurre.
“Estas gravísimas ilegalidades involucran a los gobiernos de Horacio Cartes, cuando se inició la licitación, y de Abdo Benítez, cuando se ejecutó, a tales expresidentes, sus exministros de Obras Públicas y demás altos funcionarios, cuyas imputaciones se solicita a la Fiscalía”, expresó Canese.
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Lo que percibirá Rutas del Este
Durante los 30 años de concesión de la ruta PY02, a través de la Ley APP, el consorcio Rutas del Este percibirá unos US$ 1.700 millones por operar y mantener la citada carretera, por lo que se convirtió en la ruta más cara de la historia del país.
A esto hay que sumar los pagos extras que corresponden a “obras complementarias” o “compensaciones” por US$ 50 millones, que se agregó al contrato de la empresa, a través de adendas.
Los pagos al consorcio debían cubrirse de las recaudaciones de los peajes en un 60% y en un 40% con aporte estatal, pero pese a que las tarifas se aumentaron en los puestos de Ypacaraí y Nueva Londres, los ingresos son insuficientes y el Estado absorbe los pasivos.