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El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Guillermo Mas, y el presidente de de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, coincidieron en que el nuevo Gobierno debe revisar el tope del déficit fiscal para que pueda pagar la deuda de unos US$ 350 millones que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) acumuló con las empresas constructoras.
Justamente, el adeudo con las constructoras llegó al millonario monto, porque el Gobierno anterior no quería salir del plan de convergencia fiscal, porque pretendía retornar desde el próximo año al déficit de 1,5% del PIB que le permite la Ley de Responsabilidad fiscal.
Sin embargo, el nuevo Gobierno ya confirmó que están analizando un nuevo plan le permita cerrar este año el déficit un 4% y de ese modo honrar los compromisos pendientes con las contratistas. De acuerdo con Cavialpa y Capaco se debe considerar un plan de convergencia fiscal “en un tiempo acorde”.
“Creemos que tiene que haber una convergencia fiscal en tiempo acorde. Si ese 1,5% que hoy tenemos podemos dejar por un cierto tiempo, los expertos tienen que trabajar en algún número y ver cuál debe ser el número para que Paraguay siga endeudándose en infraestructura”, planteó el titular de la Capaco.
Seña{o con cierto énfasis que “no es lo mismo endeudarse para gastos corrientes que invertir en infraestructura”, pues este sector capta mucha mano de obra. “Paraguay es un país creciente, un país que está en boca de toda la región, es un país atractivo, entonces tiene que seguir invirtiendo en infraestructura. Para poder estar acorde a los tiempos, el Paraguay debe hacer un balance y ver qué es lo que más le conviene en cuanto al tope de déficit fiscal”, explicó Mas.
Le sale más caro al país no pagar sus deudas
A su turno, el presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi, indicó que al país le sale mucho más caro retrasar el pago de sus deudas a sus contratistas, porque eso le genera millonarios intereses. Dijo que la deuda con las vialeras ya generó intereses por unos US$ 80 millones, monto que el Estado terminará pagando porque no honró a tiempo sus compromisos.
“Creo que es mucho más costoso para el Estado que se generen intereses con los valores en los cuales el sector privado consigue esos créditos que el Estado pague hoy toda su deuda. Evidentemente eso va a afectar el tope fiscal y ahí tenemos que analizar entre todos cuál es el tope fiscal adecuado para un país como Paraguay”, sugirió.
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Tamibén mnifestó que nuestro país necesita inversión. “Acá tenemos todavía un déficit importantísimo de infraestructuras y tenemos que invertir para poder tener ese retorno económico y para poder explotar también esa potencialidad productiva que tiene todo nuestro país”, resaltó.
Plan de Gobierno
El ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos, informó hace unos días sobre un nuevo plan de convergencia que extendería por dos años más el retorno al tope de déficit del 1,5% que permite la ley. El ministro adelantó que este año no se cerraría con un déficit de 2,3% del PIB, como lo había prometido el gobierno anterior. El pago de la deuda con las constructoras y farmacéuticas haría que el déficit suba este año al 4%.
“Afectará la credibilidad de la ley”, advierte exministro
El economista y exministro de Hacienda, César Barreto, por su parte, advirtió que, de no cumplirse el plan de convergencia fiscal que prevé para el próximo año retornar al tope de déficit de 1,5% del PIB, afectará la credibilidad de la ley de responsabilidad y postergará el acceso del país al grado de inversión.
Explicó que el plan de convergencia definido por el anterior gobierno de Mario Abdo Benítez no se cumplió, especialmente en este 2023, aparentemente, por los datos que se manejan, debido a la deuda con las constructoras y farmacéuticas, así como por el nivel de déficit acumulado al primer semestre.
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Indicó que en esta situación su cumplimiento requeriría un ajuste extremadamente fuerte en los gastos públicos y eso va a generar más dificultades a la actividad económica, por lo que entiende que “el nuevo gobierno va a plantear una nueva convergencia en un plazo que desconozco”.
Añadió que en semanas anteriores, en principio, se habló de que sería para el 2026, plazo que considera un poco largo. “Yo trataría de llegar lo antes posible, entendiendo que hay que resolver el problema de este año”, añadió.
Barreto reiteró que no cumplirse con el plan de convergencia afectará la credibilidad de la ley de responsabilidad fiscal y esta situación llevaría a las calificadoras de riesgos a no otorgar al país el grado de inversión, ya que deberán esperar que se cumple el nuevo plan. Refirió que lo más importante es que nuestro país logre es el grado de inversión.