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La fiscala María Estefanía González confirmó a ABC que en las próximas horas presentará los requerimientos relativos a la investigación de la gestión de juegos de azar por parte de las exautoridades de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), además del exprocurador Sergio Coscia y el empresario Álvaro Wasmosy Carrasco, directivo de la empresa TDP SA, concesionaria de la quiniela.
Los acusados y exintegrantes de la directiva son el diputado Rubén Roussillón, José Antonio Ortiz, Ricardo Núñez Giménez (hermano del senador Basilio “Bachi” Núñez), Carmen Corina Alonso y Omar Rodrigo Mongelós. El estado procesal de ellos es que se deberá confirmar en las próximas horas.
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Cabe recordar que el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú había rechazado de la postura del Ministerio Público planteado en la audiencia preliminar, a fines del mes pasado. En aquella ocasión, el fiscal interino Joel Corvalan primero había pedido juicio oral para las exautoridades de Conajzar y sobreseimiento definitivo de Wasmosy, sin embargo, y luego de que la defensa se oponga y requiera sobreseimientos, se había allanado a ese planteamiento.
Esta maniobra resultó llamativa para el juzgado, por lo que había rechazado el intento de blanqueamiento y solicitó al fiscal general, Emiliano Rolón Fernández, que se ratifique o rectifique en la postura planteada por Corvalán. El plazo para plantear la postura se cumple este martes 22 de agosto.
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En paralelo, y en la misma causa, este viernes 18 de agosto se cumple el plazo de un año para que la Fiscalía plantee alguna nueva medida para el exprocurador Sergio Coscia, quien fue beneficiado con el sobreseimiento provisional. Sobre su caso, la fiscala González indicó que planteará nuevos requerimientos pero evitó adelantar detalles.
Coscia se encuentra procesado por firmar el dictamen con el cual la Procuraduría General de la República (PGR) reconoce que la Conajzar tiene autonomía de decisión, luego de que la comisión le consultara si podría reducir el canon a las concesionarias y basándose en las medidas económicas aplicadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia.
Esa disminución implicó que la Conajzar deje de recaudar G. 32.000 milllones durante la pandemia. El 30% de esos recursos, unos G. 9.600 millones, dejó de percibir la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), en plena emergencia sanitaria.
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También se encuentra procesado Raúl Siva Busto, exmiembro de Conajzar.
