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El Gobierno de Mario Abdo Benítez no atendió las serias sospechas de corrupción en las empresas públicas como Petróleos Paraguayos (Petropar), la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) y la Industria Nacional del Cemento (INC), cuyos balances registran pérdidas.
En el caso de Petropar, la estatal registró una pérdida de G. 100.193 millones durante el ejercicio 2022, que se debe principalmente a los pasivos millonarios que tiene, como por ejemplo, la deuda con PDVSA.
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Pese a esta situación, en la empresa pública siguen dilapidando recursos con serias sospechas de corrupción, como la adjudicación del tren de molienda de la planta de Troche, que el extitular de Petropar Denis Lichi otorgó a la firma EISA, por US$ 28,7 millones. La planta ya debía estar culminada, pero los trabajos poco o nada avanzaron hasta ahora.
Durante la pandemia, en la estatal se despilfarraron recursos en agua tónica e insumos, por lo cual, la ex titular de la estatal, Patricia Samudio, irá a juicio oral en noviembre.
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Negocio de políticos: un “secreto de Estado”
Petropar, además, ha sido un negocio muy rentable para los políticos del país, que son operadores de sus servicentros. Por ejemplo, se corrobó que retiran combustibles con simples pagarés y las deudas de estos “empresarios” son manejadas como un secreto de Estado, pese a pedidos de acceso a la información pública.
Copaco, en tanto, registró el año pasado una pérdida de G. 188.000 millones. La estatal perdió la mayor parte de sus clientes de línea baja y no ha podido ofrecer servicios que vayan acorde con las nuevas tecnologías.
Pero además de estar casi en la quiebra, el titular de Copaco, Sante Vallese, hasta quiso ceder el espectro de Copaco-Vox a la empresa norteamericana Rivada Networks, por US$ 10 millones. Este “remate”, del bien más preciado para una telefónica, sólo se frenó gracias a la presión de la ciudadanía.
Actualmente, esta empresa pública ni siquiera tiene recursos para pagar el salario de sus funcionarios y hay incertidumbre sobre el destino de la misma.
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En el caso de la INC, tuvo que refinanciar el pago de sus deudas por los bonos soberanos, el año pasado, por lo que consiguió que su pérdida del ejercicio 2022 bajara de G. 70.000 millones a unos G. 30.000 millones, aunque esto solo haya significado “chutar la pelota” hacia más adelante.
Esta firma debió ser una de las empresas públicas más prósperas tras la inversión de US$ 80 millones en sus fábricas de Villeta y Vallemí durante el Gobierno de Horacio Cartes. Sin embargo, la empresa pública va de mal en peor porque produce poco y tiene pérdidas.
Los “negocios” tampoco faltaron durante la gestión de Ernesto Benítez frente a la INC, que compró petcoke al precio más caro de la historia de la cementera y, además, contrató flete terrestre de forma excesiva, coincidentemente a una sola empresa. También hay sospechas de corrupción en el montaje del ventilador de tiro horno, la compra de filtros, y hasta hubo robo de cemento en la fábrica.
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Otras entidades
Tampoco se puede dejar de mencionar a la Dinac, que es una entidad descentralizada donde se registraron denuncias de sobrefacturación, como el caso de los “tabocas de oro”, o los cuestionamientos al mejoramiento del espigón norte del aeropuerto y los radares primarios y secundarios de Concepción que no funcionaron. Todo esto durante la gestión de Édgar Melgarejo, declarado significativamente corrupto por el Gobierno de Estados Unidos.
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Además, no se puede dejar de mencionar la gestión de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) que fue constantemente criticada e incluso sus exautoridades se encuentran acusadas y podrían enfrentar juicio oral, por casos de tragamonedas, quiniela y reducción ilegal del canon. Esto último implicó que la Diben dejara de percibir G. 9.600 millones en plena crisis sanitaria.
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Por último, no hay que olvidar que Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa) se caracterizó por no responder pedidos de informes, a pesar de que así lo obliga la normativa de Transparencia. Tampoco cumple con informes que le obliga la Función Pública. Pese a esto, buscó la aprobación de implementación de un tren de cercanías sin licitación que terminarían pagando todos los contribuyentes del país.