En el principio solo una cuestión de límites entre la República del Paraguay y el Brasil, o el ímpetu expansivo del sector industrial brasileño que detrás de las 18 caídas del Salto del Guairá acariciaba la posibilidad de domesticar el río Paraná para energizar sus planes de crecimiento.

El 17 de junio de 1965, según los registros históricos, se registró la invasión militar brasileña al territorio nacional y el 22 de junio de 1966, se firmaba el Acta Final de Foz de Iguazú, con sus promesas de justo precio y división en partes iguales de la energía que provendría del gigante que justificaría, según sus obstetras, el sacrificio aún sin cuantificar, de la mayor cascada del Paraná.

El 26 de abril de 1973, las dictaduras militares de nuestro país y Brasil suscriben el Tratado de Itaipú, que sospechosamente soslayaba derechos fundamentales del Paraguay, y el 13 de agosto del mismo año, 50 años atrás, lo ponían en vigencia.

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El 13 de agosto de 1973 adquiere relevancia en el presente de la entidad binacional, porque en el numeral VI del Anexo C (bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad), que forma parte del Tratado, se había establecido que sus disposiciones “serán revisadas” luego de 50 años de vigencia del Tratado.

La revisión del Anexo C es insuficiente

Ante la mayoritaria interpretación que el numeral de referencia restringe la “revisión” dentro de los límites del Anexo C, recordemos, desde la perspectiva de la defensa integral de los derechos paraguayos en Itaipú, que el Art. VI del del Tratado, en su punto c, incorpora este anexo al Tratado.

En otras palabras, al “revisarse” las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la entidad binacional, se “revisa” el Tratado, luego el cumplimiento del plazo en cuestión es la presencia formal, justificable legalmente, de la ocasión que con ansiedad espera el pueblo paraguayo para despejar los escollos, aún cuando fuesen solo de interpretación, cincuenta años después, que entorpecen el pleno disfrute de sus genuinos derechos en Itaipú.

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Sería, por consiguiente otro tremendo error que el gobierno colorado/cartista de Santiago Peña, que asume pasado mañana, acepte que nuestro privilegiado socio en Itaipú decida que la trativas se reduzcan a ciertos trabajos técnicos, inclusive burocráticos, de actualizar o adecuar términos, conceptos, métodos de cálculos, obligaciones, nuevos plazos, etc., a las actuales exigencias del mercado eléctrico, especialmente del brasileño.

El pueblo paraguayo, luego medio siglo de vigencia del Tratado de Itaipú, pide que la ocasión sea aprovechada para que se la pague a su país el justo precio por su excedente energético, tal como lo consagra el Acta Final de Foz de Iguazú e inclusive, como un siguiente movimiento en su agenda de reclamos, incluya la genuina compensación -no la vigente, que más bien se trata de una suerte de propina - por la expoliación de la que fue víctima en este proyecto que, según sus justificadores de turno, debió ser la panacea para los males binacionales y nacionales, especialmente en el campo económico.

Plena disponibilidad de la 50% de la producción de Itaipú

También reclama, como lo establece el Tratado, en especial el Art. XIII, la plena disponibilidad de la mitad que le pertenece de la energía producida por al aprovechamiento hidroeléctrico. El nivel de utilización de su energía en su territorio o mediante una verdadera exportación - no cesión - compete a su soberanía,

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¿Cuánto perdió el Paraguay en itaipú? ¿Cuánto debió recibir? en la literatura itaipuana podría etiquetarse como las “sin respuestas”. No nos referimos a los montos que reflejan los pagos que estipula el tratado con sus actualizaciones.

Los esfuerzos por llenar ese vacío de silencio son numerosos, y los intentos provienen del campo de la prensa, así como del sector Energía.

En 2013, la confluencia de algunos factores, muchos de ellos relacionados con esa coyuntura pudimos acceder a los resultdos del trabajo sobre el punto del equipo que lideraba el financista norteamericano Jeffrey Sachs.

Los aportes oportunos muy oportunos de Sachs y Carter

La posta fue recogida posteriormente por el politólogo paraguayo/norteamericano Miguel Carter, quien con su equipo conformó una base de datos sobre el caso, que abarca 37 años.

En el territorio periodístico, en esa pertinaz exploración, pudo lograrse los siguientes datos: En 37 años y cinco meses, de la producción acumulada de Itaipú, 2.941.487.000 MWh (1 MWh = 1000 KWh), el mercado eléctrico paraguayo pudo aprovechar 266.774.000 MWh, solo el 9,1%, mientras que el 90,9% benefició al Brasil.

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Si la producción acumulada de Itaipú alcanzó en el período de referencia 2.941.487.000 MWh, de acuerdo con el Tratado, 1.464.154.000 MWh pertenecían al Paraguay.

Apuntábamos que entre 1985 y mayo último, el consumo paraguayo fue de 266.774.000 MWh. El cotejar estas últimas cifras se infiere que el Paraguay consumió el 18,2% de su energía en Itaipú y cedió al Brasil el 81,8% (1.197.380.000 MWh).

Pagaron, en promedio, US$ 4,3/MW

La información más sorprendente erupciona con la fuerza de un volcán se consigue dividiendo el total que pagó Brasil en ese lapso por la cantidad de MWh que les cedimos.

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Apuntemos entonces que en concepto de compensación por cesión de energía el Paraguay recibió US$ 5.085.855.300, luego al dividirla por 1.186.329.000 de MWh sabremos, con enorme desencanto, que por cada MWh que cedimos nos pagaron US$ 4,3/MWh, en un contexto regional en el que ese precio excede atléticamente los US$ 100/MWh.