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Un informe del Ministerio de Hacienda, institución que elaboró el proyecto de ley, explica que se plantea establecer principios y reglas sobre la organización administrativa del Estado, para uniformar criterios que permita a las entidades ser más eficientes, de acuerdo con sus fines, recursos y la sostenibilidad de las finanzas.
“La propuesta incorpora reglas claras y herramientas que permiten el fortalecimiento de la prestación de servicios misionales y una optimización de los ámbitos financieros y de apoyo operativo de las instituciones”, añade la cartera.
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Sostiene que se busca la eficiencia y modernización de las instituciones, contribuir a la mejora de la calidad del gasto, a través de una coordinación más eficiente en la forma de trabajar de las instituciones, por medio de mecanismos de coordinación y el fortalecimiento de las políticas y la rectoría sectorial.
Principales innovaciones planteadas
Explica que entre las principales innovaciones que propone el proyecto se destaca: normas y criterios generales que orienten de forma explícita la estructuración del Estado, enfocados en torno a un paradigma de racionalización que justifique cualquier creación y modificación de estructuras administrativas sobre la base de las necesidades públicas, la disponibilidad de recursos y el interés general de la ciudadanía.
También se definen cuáles son los instrumentos jurídicos necesarios para aprobar la creación, modificación de las cartas orgánicas de los organismos y entidades del Estado, así como las normas de organización en general (creación de unidades dependientes, funciones, entre otros).
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Además, se establecen los contenidos básicos de las cartas orgánicas y los requisitos de creación de dependencias administrativas.
“El proyecto de ley clasifica los ámbitos de la organización según el tipo y naturaleza de funciones, establece los medios de control de acuerdo a la naturaleza de las distintas estructuras administrativas del Estado y regula la resolución de controversias o conflictos entre instituciones”.
Igualmente, fija reglas que asegure un mayor destino de recursos para fortalecer los ámbitos misionales de las instituciones; y encarga al Ministerio de Hacienda el diseño de criterios para la categorización, estandarización y centralización de las unidades administrativas y financieras (UAF) y las SUAF, así como, las dependencias de asesoramiento y de apoyo operativo; e incorpora reglas para la presentación de proyectos de simplificación del Estado, dice el informe de Hacienda.
Fusión de entidades públicas
El proyecto de ley otorga un mandato especial de reordenamiento institucional y dispone que a los efectos de asegurar el cumplimiento eficiente y eficaz de los distintos fines institucionales, actualmente establecidos en el ordenamiento jurídico, “el Poder Ejecutivo analizará, en una primera fase y especialmente, la potencial fusión de instituciones públicas o la subrogación de funciones”, en los casos de más de 30 entidades que conforman la lista.
La lista incluye a la Cancillería con la Secretaria de Repatriados; Agricultura y Ganadería, con el IPTA, Senave, Infona, Senacsa, Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (Didesani) e Indert; el Ministerio de la Mujer con Ministerio de la Niñez y Adolescencia, Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) y Senadis.
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También el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), con Gabinete Social de la Presidencia de la República, Dirección de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación y Dirección de Pensiones no Contributivas del Ministerio de Hacienda.
Igualmente, el Ministerio del Interior (MI), Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) y Dirección Nacional de Migraciones (Dinami); el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Senatur y el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA); el Ministerio de Salud Pública y Diben.
Además, la Secretaria Nacional de Cultura (SNC), Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP). Fondec y Secretaria de Políticas Lingüísticas (SPL); el Ministerio de Obras Públicas, Dinatran y Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial; el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN).
Fusión SET, DNA y Hacienda
El nuevo gobierno de Santiago Peña, que asumirá sus funciones el próximo martes 15, planteó a través de los legisladores cartistas dos proyectos de ley de fusión de entidades públicas, que no están dentro del plan remitido por el Ejecutivo saliente.
El primer proyecto fusiona la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda con la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), para crear la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
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El proyecto fue sancionado por el Congreso y actualmente está a consideración de la Presidencia de la República para su promulgación, que de acuerdo a las versiones manejadas así lo haría el presidente Mario Abdo Benítez.
El segundo proyecto fusiona el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría Técnica de Planificación (STP), para crear el Ministerio de Economía.
Este proyecto será analizado en la fecha en la Cámara de Senadores en sesión extraordinaria y todo apunta a que será aprobado, que de confirmarse pasará a consideración de la Cámara de Diputados.
