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El representante de la Cámara Paraguaya de Propiedad Intelectual (Campi), Juan García, comentó que junto a la Asociación Paraguaya de Propiedad Intelectual (Apapi), cuyo presidente es Juan Ortiz, y el Colegio de Agentes de la Propiedad Intelectual del Paraguay (COAPIP), dirigido por Wilfrido Fernández, se encuentran preocupados por la gestión de los recursos de “remuneración compensatoria”. Se trata de un impuesto que grava todos los artículos electrónicos audiovisuales que son importados y estimó que el fondo es de US$ 6,3 millones.
García indicó que a partir de la Ley N° 1328/1998 de Derechos de Autor, reglamentada con el Decreto N° 4212/2015, Aduanas cobra a los importadores y luego transfiere a las sociedades de gestión colectiva, que son Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE), Autores Paraguayos Asociados (APA) y Sociedad de Gestión de Productores de Fonogramas (SGP).
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García recalcó que es un dinero que finalmente paga gran parte de la ciudadanía porque ese costo en la importación se traslada al precio final del producto en el mercado, ya sea de una computadora, pendrive, radio, entre otros. “Todos pagamos ese impuesto y desconocemos en qué se utiliza”, dijo.
Asimismo, indicó que el dinero recauda Aduanas y transfiere de manera directa a las organizaciones, sin que exista ningún control.
Al respecto, Joel Talavera, el titular de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), mencionó que en reiteradas ocasiones se aclaró al grupo de personas que denuncia falta de control que se trata de un fondo privado y señaló que su gestión es transparente. “Cada tanto refritan el tema para menoscabar nuestra gestión”, dijo.
Añadió que el citado decreto reglamenta el artículo 34 de la ley de derechos de autor. Indicó que es una indemnización que reciben los músicos por el uso privado de sus trabajos y lo reciben por medio de las organizaciones de gestión de colectiva.
“Las organizaciones son las que a ellos les nuclean, se encargan de percibir, repartir y ellos se comprometieron a destinar una parte del dinero para los proyectos que pueda encarar la Dinapi”, comentó.
Talavera recalcó que “el dinero es privado y pertenece a las sociedades de gestión”.
Seguidamente, mencionó que ya fue sometido a averiguaciones por parte de la Auditoría del Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República, y por eso la gestión de los recursos se mantiene igual desde el 2015.
Los gremios vinculados a la propiedad intelectual coincidieron en expresar su deseo de que el presidente Santiago Peña designe a un técnico al frente de la Dinapi.
Quejas sobre sistema de atención
Por otro lado, el representante de la Campi mencionó que existen inconvenientes con el sistema de atención de la Dinapi, pues tiene días determinados para indagar sobre determinados expedientes.
“La gente que viene del interior no puede verificar todos sus expedientes en un día”, comentó.
Por otra parte, mencionó que Dinapi está en proceso de digitalización de sus procesos, sin embargo, lamentó que aún no sea óptimo. “Los usuarios no son los titulares de las marcas, somos nosotros , los agentes”, puntualizó.
En ese sentido, el representante de Apapi, Juan Ortiz, celebró el avance reportado con los expedientes electrónicos pero consideró que hay mucho por hacer.
Referente a estas observaciones, Talavera respondió la institución cuenta sólo con 130 funcionarios y estableció horarios de atención para que los empleados también puedan dedicarse a sus quehaceres diarios.
En cuanto a la supuesta falta de transparencia, alegó que cuenta con excelente calificación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), además de la Contraloría.