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Halley detalló que las discusiones y socialización del borrador del proyecto está avanzando y que en medio de estos debates a ciertos sectores preocupa la concentración del poder que se dará a un solo funcionario que será el superintendente.
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Atribuciones
De acuerdo con el borrador del proyecto, la Superintendencia de Pensiones, una vez aprobada, tendrá la atribución de regular a las entidades de jubilaciones y pensiones, mediante normas y criterios de carácter general sobre: la sostenibilidad integral del sistema, la organización y gobernanza, respetando las respectivas leyes orgánicas, naturaleza y tamaño de las mismas.
Además, regulará los requerimientos de capital mínimo para las entidades privadas, así como aquellos relativos a su constitución, operación, limitación, modificación de estatutos, fusión, absorción y transformación de las mismas, enmarcados dentro de estándares de sostenibilidad.
También supervisará las condiciones para la distribución de utilidades y las condiciones para la aprobación de accionistas en un porcentaje significativo.
Deberá dictar los criterios, límites, condiciones, lineamientos, procedimientos, metodologías y los instrumentos técnicos e informativos para realizar las operaciones administrativas, financieras, actuariales y patrimoniales.
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Consejo debe tener fuerza
A grandes rasgos, Halley detalló que este borrador del proyecto es más resumido que en comparación al primer plan que se había presentado en el 2018, pero con los mismos planteamientos solo que más genérico, expresó. Algunos cambios con respecto al Consejo Consultivo es que se incorpora al sector obrero y patronal, pero falta incluir a los jubilados y quizás extender a más sectores como sector público, mipymes. Este consejo debe tener un nivel jerárquico, superior, hay que darle fuerza”, sugirió.