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La Presidencia de la República presentó a consideración del Congreso el último viernes 28, el proyecto de ley que “Crea la Comisión Nacional para el estudio de la Reforma Integral del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público”.
La iniciativa, según dice el mensaje que acompaña el proyecto de ley, forma parte de las propuestas legislativas impulsadas en el marco de la agenda de transformación del Estado y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), bajo el Instrumento de Coordinación de Políticas (PCI).
En el mensaje se menciona el proceso de creación de la Caja Fiscal en 1902 y su organización administrativa con la promulgación de la Ley del 22 de junio de 1909, que posteriormente fue sufriendo numerosas modificaciones que llevó en 2003 a realizar la primera reforma paramétrica, para reducir el déficit.
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Luego, sin embargo, volvieron a plantearse numerosas modificaciones en sentido contrario e, incluso, sustraer a algunos estamentos de su ámbito de aplicación y flexibilizar las condiciones de acceso a los beneficios para determinados sectores en detrimento del resto y esto llevó a alejar aún más al equilibrio financiero que se pretendió con la referida primera reforma.
El Ejecutivo señala que los estudios técnicos realizados por el Ministerio de Hacienda resaltan la necesidad de abordar esta problemática con urgencia, a fin de corregir las graves inequidades y distorsiones que presenta el sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, garantizar su sostenibilidad financiera y actuarial, y cumplir con el mandato constitucional referente al mecanismo de actualización, con respeto al principio de igualdad y no discriminación.
Déficit actuarial de mediano plazo
Advierte que conforme a las estimaciones actuariales de mediano plazo (2019-2056), el valor presente descontado del pasivo no financiado es de aproximadamente US$ 11.408 millones (28,5% del PIB corriente), a valores del 2019.
Explica que este monto el sector civil presenta un déficit de US$ 6.124 millones (15,3% del PIB), siendo el principal sector desfinanciado el magisterio nacional (docentes), con US$ 5.603 millones (14,0% del PIB); en tanto, el déficit actuarial correspondiente al sector no civil (fuerzas públicas) es de US$ 5.284 millones (13,2% del PIB).
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Añade, que “esta situación impone la necesidad extrema e impostergable de realizar un análisis técnico y normativo profundo e integral, a fin de elaborar un nuevo marco regulatorio para el sistema, que apunte esencialmente a unificar el marco jurídico”.
Sostiene que se debe poner fin a la multiplicidad de normativas que fragmentaron la Caja Fiscal con diferentes regímenes y beneficios que imposibilitan su sostenibilidad.
Además, indica que se debe contemplar las solicitudes y demandas de los sectores involucrados, tanto de los funcionarios activos como de los jubilados y pensionados del sector público, con el objetivo principal de resolver de manera satisfactoria el reto que para el Estado paraguayo plantea la reforma integral del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, “que será posible si la nueva ley recibe una aceptación universal que facilite su aplicación práctica”.
Modificaciones realizadas tras reforma
El mensaje de la Presidencia de la República explica que tras la reforma realizada en 2003 a la Caja Fiscal, a lo largo de estos años se introdujeron nuevamente una serie de modificaciones que llevaron nuevamente las finanzas a un déficit creciente.
El Ejecutivo señala que entre las modificaciones, se pueden mencionar las conseguidas por los miembros del magisterio nacional, recuperando el reconocimiento como años de servicios prestados y aportados, por los hijos nacidos durante el ejercicio de la docencia, no debiendo exceder de tres (3) hijos; así también los docentes universitarios y las enfermeras, que lograron también modificaciones.
Otro hecho importante, dice el mensaje, fue la promulgación de la Ley N° 4493/2011, “Que establece los montos de la escala del sueldo básico mensual y otras remuneraciones de los integrantes de las Fuerzas Públicas” y su modificatoria correspondiente a la Ley N° 4670/2012, que concedió la equiparación de los haberes de los componentes de las Fuerzas Públicas ya retirados, al monto actual de los sueldos de los funcionarios activos, sin financiamiento.
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Añade, que la Ley N° 4747/2012, otorga a los docentes de las universidades nacionales las mismas condiciones de jubilación que los del sector de magisterio nacional, lo cual implica entre otros, la eliminación de la edad mínima, una condición básica para los desafíos demográficos propios de un sistema de capitalización colectiva.
Adicionalmente, indica, las promulgaciones de leyes especiales que fueron creando sub-regímenes dentro del sector de la administración pública, tales como enfermeros, docentes de educación inclusiva, obstetras, agentes de la Patrulla Caminera, guardaparques, médicos del Ministerio de Salud, odontólogos y bioquímicos del Ministerio de Salud, médicos de todos los organismos y entidades del Estado y empresas públicas, trabajadores con discapacidad de la función pública y psicólogos del Ministerio de Salud.