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El proyecto de ley que fusiona la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas DNA para crear la DNIT, fue sancionado la semana pasada por el Congreso y pasó a consideración del Poder Ejecutivo para su promulgación u objeción.
Las versiones manejadas dan cuenta que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no vetará la propuesta atendiendo que forma parte del plan impulsado por el gobierno electo de Santiago Peña.
Ruoti, una de las profesionales que desde un principio viene cuestionando este proyecto de ley, dio a conocer un análisis técnico en donde señala que su aprobación fue una “crónica de una aplanadora anunciada en perjuicio de la democracia participativa y la estabilidad económica de nuestro país”.
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A su criterio un proyecto así de relevante no tiene que tratarse a la ligera y menos con “carácter de urgencia”, sino que debe formar parte de un conjunto de leyes.
Instituciones separadas para evitar concentración de poderes
Sostiene que con las instituciones separadas (SET y la DNA) se tienen autoridades diferentes, se evita la concentración de poderes, existe un control cruzado para evitar irregularidades y manejan impuestos diferentes.
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Considera que la exposición de motivos del proyecto de ley es “totalmente falaz y engañosa”, porque no se trata de una simple fusión sino de “una montaña escondida en un granito de arena”.
Ruoti indica que el contrabando, la evasión, el lavado de dinero, la informalidad y otros ilícitos, requiere el trabajo conjunto de todos los ministerios y las reparticiones del Estado, a más de la sociedad civil y que nada se soluciona con la fusión, sino al contrario.
Superpoderes, autonomía y autarquía
Sostiene que los funcionarios públicos deben tener responsabilidad, derechos y obligaciones y no “autonomía y autarquía” y reglas del derecho privado.
La profesional afirma que con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios se establece un manejo autónomo y autárquico, sin siquiera depender del Presidente de la República o de otros ministerios, atendiendo que se otorga superpoderes al director nacional y a los tres gerentes, además, existen más de 100 incisos con funciones y atribuciones.
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Explica que en contrapartida no existe ningún capítulo de obligaciones y limites, que hay discrecionalidad absoluta y pueden hacer lo que quieren, dado que no se establecen responsabilidades y se incumple el Art. 106 de la Constitución Nacional.
A esto se suma que dispone de un presupuesto propio con dinero del pueblo (recaudación impositiva), sin posibilidad de ser controlados, con poder unificado en todo el circuito impositivo: comercio exterior, impuestos fiscales internos; para nombramiento y despido de funcionarios sin responsabilidades, puntualiza la especialista.
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Considera que esto se convierte en un esquema perfecto para la corrupción pública, sin derechos para los contribuyentes, “y lo peor: caos jurídico con la derogación de las leyes contrarias”, expresa el informe.